Por primera vez en sus seis años de gobierno el presidente norteamericano, Barack Obama, pronunciará su discurso sobre el Estado de la Unión ante un Congreso dominado por los republicanos, que ya adelantaron su rechazo a la nueva iniciativa del Ejecutivo demócrata para incrementar la recaudación fiscal hasta 320 mil millones de dólares, mediante un impuesto a las cien mayores instituciones financieras del país.
El mandatario llega al Capitolio en un ambiente hostil, derivado de las medidas que aprobó la Cámara de Representantes para anular las órdenes ejecutivas emitidas por Obama entre 2012 y noviembre para suspender las deportaciones de los jóvenes inmigrantes que llegaron ilegalmente al país de niños ––los llamados dreamers––, así como abrir un periodo de regularización de tres años para cinco millones de indocumentados; si bien la iniciativa necesita el visto bueno del Senado y la Casa Blanca amenazó con vetarla, refleja el nuevo equilibrio de fuerzas tras la derrota oficialista en las elecciones intermedias del año pasado.
Hace dos semanas, asimismo, los diputados federales aprobaron la construcción del oleoducto Keystone XL entre Canadá y Texas, proyecto que el Ejecutivo también vetaría. Mientras que empiezan a agotarse las posibilidades de que Obama recurra a sus facultades para seguir empujando su agenda y mantenerse a la ofensiva ––como prometió a senadores demócratas el jueves, durante una reunión a puerta cerrada en Baltimore––, el tema fiscal puede ser una prueba para la colaboración entre el presidente y la 113 Legislatura: por lo pronto, Paul Ryan, excandidato republicano a la vicepresidencia y titular del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes, dijo que trabajará con el gobierno federal una reforma más amplia, que se enfoque en disminuir la carga para el sector empresarial en vez de aumentos en el plano individual para los más ricos, como propone Obama.
La piedra angular del discurso de Obama será ayudar a que la clase media coseche los frutos de la recuperación económica, pero "requiere la ayuda del Congreso para enfrentar realmente las necesidades de la gente", aseveró Carmel Martin, vicepresidenta ejecutiva del Centro para el Progreso Estadounidense, uno de los think tanks más cercanos al mandatario.
En lo anterior coincidió Will Marshall, titular del Instituto para Políticas Progresistas: Obama todavía puede fijar los términos del debate, como lo ha hecho con el acercamiento hacia Cuba o las propuestas para las licencias laborales pagadas, el fortalecimiento de la seguridad cibernética y el recorte de emisiones contaminantes, aunque lo que está en juego va más allá. "Nada es más importante para su legado que asegurar que el crecimiento económico es para todos", subrayó.
Para Dan Pfeiffer, asesor de Obama citado por Bloomberg, "ahora que la economía se halla más fuerte, debemos duplicar el esfuerzo para resolver el estancamiento salarial y la movilidad económica en declive. En un gobierno dividido, cada lado debe delinear su agenda en lo que considere el mejor interés del país y entonces podremos buscar coincidencias", a la vista de datos como la caída del ingreso promedio de los hogares en 3.9 por ciento ––a 51 mil 939 dólares–– desde que Obama asumió en 2009.
¿Aceptarán negociar los republicanos, cuando están en sus manos otros asuntos relevantes, como una reforma migratoria integral o el fortalecimiento de la Ley de Derechos Electorales? La cosecha del presidente, a final de cuentas, también tendrá un impacto en las posibilidades de la virtual candidata demócrata a la Casa Blanca en 2016, Hillary Clinton.
Ayer, un sondeo de The Washington Post/ABC indicó que 50 por ciento de los estadounidenses da el visto bueno al desempeño de Obama, lo que significa un aumento de nueve puntos desde diciembre. Mientras que 44 por ciento lo desaprueba, el resultado coincide con una notoria alza ––de 27 a 41 por ciento–– en tres meses de las personas que consideran que la economía de Estados Unidos se encuentra en "buena forma", el mejor registro desde 2009.