GUATEMALA.— En una votación histórica, el Congreso de Guatemala decidió retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina y permitir que sea investigado como cualquier ciudadano por acusaciones de corrupción.
Poco después de conocerse la determinación, aprobada de manera unánime por 132 legisladores presentes en la sesión que se discutía el tema, un juez le prohibió salir del país. La fiscal general Thelma Aldana dijo que la prohibición era una medida preventiva, poco después se emitió una orden de detención.
El mandatario es acusado de cometer varios delitos en el mismo caso de corrupción que le costó el cargo a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, y a varios miembros de su gobierno.
A continuación, explicamos en qué consiste el proceso que se sigue al mandatario guatemalteco, cuáles son las etapas de los procesos que se le siguen, que sucedería si renuncia o es arrestado, en lo que se ha considerado un golpe sin precedentes contra la corrupción y la impunidad profundamente arraigadas en Guatemala.
La fiscalía acusa al presidente Pérez Molina de tres delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. El cohecho sanciona al funcionario o empleado público que solicite intencionalmente o acepte sobornos. La aceptación puede ser directa o indirecta y no sólo es dinero sino cualquier dádiva, promesa, o beneficio a cambio de que realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones.
Los cargos fueron formulados luego de que el 16 de abril la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismo adscrito a la ONU, anunciaran la desarticulación de una organización presuntamente criminal integrada por funcionarios públicos aduaneros y particulares que recibieron sobornos de empresarios para que les ayudaran a evadir impuestos.
La estructura, denominada "La Línea" por ser una especie de "alternativa" para resolver trabas en importaciones y reducir el pago de impuestos, estaba presuntamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Baldetti.
La comisión anunció que cuenta con 88 mil escuchas telefónicas entre las cuales, dice, incluye una donde se escucha al Presidente hablar con Carlos Muñoz, Superintendente de Administración Tributaria, en la que le ordena cambiar al gerente de recursos humanos de la institución porque no facilita la recaudación tributaria.
Por ley, esa superintendencia es un ente autónomo y sin injerencia ante el ejecutivo. Según la fiscalía el cambio de gerente se realizó, lo que facilitó el trabajo de la organización desmantelada.
Pérez Molina ha negado su participación en los hechos y asegura que solo pretendía mejorar la recaudación tributaria del país.
En el caso de "La Línea" hay al menos 100 personas sometidas a investigación. Entre ellas está Baldetti, quien tuvo que renunciar al cargo y está presa acusada de haber recibido al menos 3,7 millones de dólares en sobornos, según la Comisión.
Tras el retiro de la inmunidad del Presidente, el Congreso ordenó el envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia para que se asigne un juez al caso. La Corte ordenó que el expediente fuera enviado a un juzgado de instancia pero la fiscal general solicitó que el caso lo llevara el juez Miguel Ángel Gálvez, que conoce la investigación contra los otros procesados.
Para que Pérez Molina deje de ser presidente antes de que se cumpla su período constitucional, que termina en enero del año entrante, debe suceder una de dos: que renuncie o que lo destituyan. Para ser destituido, deben seguirse varios trámites y etapas judiciales, según la Ley en Materia de Antejuicio.
Tras el retiro de la inmunidad, la fiscalía solicitó a un juez el arraigo o prohibición de que Pérez Molina abandone el país para asegurar que enfrente el proceso penal, como lo hizo el martes el juez Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo "B''.
El juez podría citar, a petición de la fiscalía o a solicitud de la defensa, a un interrogatorio al mandatario para que dé su primera declaración y le expliquen los cargos que pesan en su contra.
El abogado del mandatario, César Calderón, presentó el miércoles un oficio ante el juez para ofrecer la "buena voluntad" del presidente de presentarse ante los tribunales a enfrentar el proceso.
Luego de que el presidente rinda su declaración, el juez deberá decidir si lo vincula al proceso penal, o no. Si no lo hace, Pérez Molina quedaría libre.
De vincularlo al proceso, el juez puede, o no, ordenar su arresto y prisión preventiva.
"Si el juez resuelve la situación jurídica y la prisión preventiva en ese mismo momento tendríamos que pedir que el presidente cese en el cargo, a la luz en la ley de materia de antejuicio", según la Fiscal General.
El constitucionalista Alejandro Balsells asegura que la ley faculta al juez para cesarle en su cargo.
Si Pérez Molina deja su cargo no habrá un vacío de poder porque Guatemala tiene a un Vicepresidente nombrado en propiedad, Alejandro Maldonado Aguirre, quién asumiría el cargo.
Maldonado, un abogado conservador, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, fue electo por el Congreso de la República de una terna propuestas presentada por el Presidente, luego de que Baldetti renunciara al cargo el 8 de mayo.
Tras asumir el poder, Maldonado tendría que enviar una terna al Congreso para conocer quién le acompañará como vicepresidente hasta que entregue el poder al nuevo gobierno, el próximo 14 de enero de 2016.
Aunque los tiempos del debido proceso penal están definidos en leyes y códigos del país usualmente hay retrasos debido a los recursos legales que pueden solicitar tanto defensores como la fiscalía y otras partes.
Si Pérez Molina está en prisión en la primera fase de la investigación, la fiscalía deberá presentar en un período de tres meses las evidencias suficientes para que el juez ordene llevarlo a juicio.
Usualmente, en Guatemala toma un año para que alguien sea llevado a juicio. Sin embargo, en este caso también dependerá de la conexión que se haga del caso de los otros procesados.
La otra arista será el embargo de bienes y la inmovilización de recursos con fines de extinción y la recuperación el dominio, que es un proceso paralelo e independiente de las acciones penales, que lo adelante un juez diferente y que podrá hacerse en los días, semanas y meses posteriores a la definición de su situación jurídica (si es formalmente acusado y detenido, o no), a petición de la fiscalía.
Según las leyes son procesos distintos. Oscar Peláez Almengor, analista político y profesor universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asegura que el proceso penal iniciado a Pérez Molina en nada influye o afecta el proceso electoral en Guatemala programado para el domingo 6 de septiembre.
"De ninguna manera afecta porque son dos procesos diferentes que no tiene nada que ver el uno con el otro. El asunto del presidente tiene un camino de resolución jurídica, el presidente tiene que atenerse a lo que diga el juez y los tribunales de fuero común, mientras que el proceso eleccionario lo marca la Constitución. El presidente no es responsable directamente de las elecciones sino es el Tribunal Supremo Electoral que es autónomo", dijo Peláez.
Explicó que en el país no ha habido una fractura constitucional y que los tiempos que establece la Constitución para elegir Presidente, Vicepresidente, diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano y autoridades municipales se están cumpliendo.
Aunque en las protestas de miles de guatemaltecos contra la corrupción estatal ha incluido la petición de que se anulen las elecciones, las posiciones no son unánimes.
El sector empresarial y la Iglesia católica se unieron para pedir a la población que vote el 6 de septiembre, mientras el Tribunal Supremo Electoral ha empezado ya a enviar la documentación y boletas para emitir el sufragio.