MIAMI.- La era Biden abrió ayer la puerta al sueño de la ciudadanía estadounidense a más de 5 millones de mexicanos indocumentados que residen en Estados Unidos, y a un número similar de otras nacionalidades, con un proyecto de ley impulsado sólo por los demócratas, sin el apoyo abierto, hasta el momento, de ningún republicano.
Con la bendición del presidente Joe Biden, el senador cubano-americano, el demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, introdujo oficialmente este jueves en Washington el Proyecto Bicameral de Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021, aunque la propuesta enfrenta un seguro rechazo de la ahora minoría republicana en ambas cámaras del Congreso.
"Tenemos una oportunidad histórica de finalmente promulgar una ambiciosa reforma migratoria que no deje a nadie atrás… tenemos un imperativo moral y económico para hacerlo de una vez por todas", sostuvo Menéndez en un anuncio virtual.
Se trata de la más ambiciosa propuesta de reforma migratoria desde que, en 1986, el presidente republicano Ronald Reagan promulgó la Ley de Control y Reforma Migratoria, que legalizó a más de 3 millones de indocumentados. A partir de esa ley, y de las acciones de la era Clinton de construir bardas en la frontera, lo que rompió la circularidad del proceso migratorio, la población indocumentada llegó a tener un récord de 12 millones de personas.
Los primeros patrocinadores de la nueva propuesta son todos demócratas: los senadores Alex Padilla, Ben Ray Luján, Cory Booker, Mazie Hirono y Amy Klobuchar, así como los representantes Zoe Lofgren, Lucille Roybal-Allard, Nydia Velázquez, Judy Chu, Yvette Clark, Karen Bass y Raúl Ruiz.
La notoria ausencia de legisladores republicanos como patrocinadores de la iniciativa de ley refleja las dificultades que tendrán el presidente Biden y los demócratas para aprobar la iniciativa con un espíritu bipartidista.
Al igual que hicieron con el actual paquete de rescate económico que se negocia en el Congreso, donde decidieron arrollar a los republicanos, bajo el argumento de que la ayuda por la pandemia del Covid no puede esperar, el nuevo presidente tendrá que decidir si acomete una reforma legal tan ambiciosa sólo con los demócratas, o si acepta cambios para lograr un consenso bipartidista.
Simbólicamente una de sus cláusulas sustituye la palabra "alien" (extraterrestre) de la literatura oficial migratoria de Estados Unidos, por la de "non-citizen" (no-ciudadano). Tradicionalmente los grupos antiinmigrantes se refieren a los inmigrantes indocumentados como "ilegal aliens".
DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE
La ausencia de republicanos en el apoyo a la iniciativa refleja lo polarizador del tema, pero la temprana presentación de la iniciativa de ley, que fue esbozada por el propio Biden desde su primer día como mandatario, indica que el presidente está dispuesto a gastar capital político para probar una de sus principales promesas.
Durante la campaña, Biden fue criticado por no haber denunciado como vicepresidente la política de deportaciones de la era Obama, que incluyó la expulsión de más de 5 millones de inmigrantes de Estados Unidos durante un lapso de ocho años. En comparación, Bill Clinton echó del país a 12 millones, y George W. Bush, a 10 millones.
Si los demócratas apuestan por un consenso bipartidista en materia migratoria, requieren el apoyo de 10 senadores republicanos para evitar que la propuesta de ley quede estancada en la Cámara alta. De lo contrario, los republicanos podrían invocar el procedimiento de "piratería legislativa" y bloquear la votación final.
Los beneficios de la promesa de Biden
El proyecto crea una hoja de ruta de 8 años hacia la ciudadanía "merecida", sin temor a la deportación en el proceso, para unos 11 millones de inmigrantes.
Casi 700 mil dreamers, que incluye más de medio millón de mexicanos, podrán obtener de inmediato su tarjeta de residencia legal permanente.
Incluye 4 mil millones de dólares de asistencia económica a países expulsores de migrantes y más recursos para acelerar el procesamiento de migrantes en los puertos de ingreso al país.
Elimina la discriminación que enfrentan las familias LGBT+. Brinda protección para huérfanos, viudas y niños.
No incluye dinero para el muro y da ayuda a los solicitantes de asilo.
Fuente: EL FINANCIERO