Joe Biden propondrá en su primer día como presidente una amplia reforma migratoria que incluye un camino más corto hacia la ciudadanía estadounidense para los inmigrantes indocumentados. La medida, una reversión completa de las restricciones y represiones migratorias de Donald Trump, podría enfrentarse a importantes obstáculos en el Congreso.
La propuesta otorgaría permisos de trabajo a los cónyuges e hijos de personas con visas temporales. Pero no ampliaría la cantidad de trabajadores extranjeros altamente calificados admitidos con visas H-1B, estas se utilizan frecuentemente en la industria tecnológica de Estados Unidos.
Con el plan, Biden busca cumplir una importante promesa de campaña para los votantes latinos y los grupos de derechos de los inmigrantes, muchos de los cuales estaban alienados e indignados por las restricciones de Trump a la inmigración legal, las redadas policiales en los hogares y lugares de trabajo de las personas indocumentadas que viven en EU, y su fortificación de la frontera con México.
Sin embargo, es casi seguro que la propuesta de ley no será aprobada por un Congreso profundamente dividido, e incluso si se modifica para reflejar mejor las preocupaciones de los republicanos, hay muchas probabilidades de que los legisladores finalmente desechen una política que ha confundido a Washington durante décadas.
Los recientes esfuerzos para reformar de manera integral la ley de inmigración de Estados Unidos, que data de la presidencia de George W. Bush, fracasaron, incluso en un momento en que los republicanos buscaban ampliar su atractivo para los votantes hispanos. Desde 1986, cuando el presidente Ronald Reagan firmó una ley que hizo que tres millones de trabajadores indocumentados fueran elegibles para el estatus legal, no ha habido una renovación sustancial de la política estadounidense.
Desde entonces, opositores a la inmigración dentro del Partido Republicano han demonizado propuestas como la de "amnistía" para las personas que violaron la ley. En 2007, una reforma migratoria respaldada por Bush fue bloqueada en el Senado y nunca se consideró en la Cámara de Representantes, a pesar de que esta última estaba controlada por demócratas.
Seis años después, durante la Administración de Barack Obama, un plan negociado por un grupo bipartidista de ocho senadores fue aprobado por el Senado 68-32, solo para morir en la Cámara baja, donde los líderes republicanos se negaron a considerarlo.
El intento fallido de reforma más reciente fue en 2018 cuando cada uno de los cuatro planes en competencia, incluido un plan bipartidista amplio y uno que reflejaba las prioridades de Trump, fue bloqueado para su consideración en el Senado.