Sin acceso a píldora para evitar embarazos no deseados, la vida de mujeres hondureñas está en riesgo

La falta de acceso a la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y la ausencia de un protocolo enfocado en la atención a víctimas de violencia sexual, deteriora la salud de las mujeres, señala Médicos sin Fronteras (MSF).

Estrés postraumático, complicaciones médicas e incluso la muerte, son algunas de las terribles consecuencias que desencadena un embarazo forzado.

"Honduras es el único país del continente americano que prohíbe la PAE. Es parte de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es fundamental para prevenir embarazos no deseados, especialmente en casos de violación. La pastilla, como ha reiterado la OMS, no causa aborto ni daña la fertilidad futura", explicó el doctor Marcelo Fernández, jefe de misión de MSF en el país centroamericano.

A la fecha, el Gobierno hondureño ha hecho caso omiso al llamado de múltiples organizaciones que abogan por los derechos de las mujeres y la salud desde hace una década.

El país centroamericano, que tiene una de las tasas más alta de embarazo adolescente (1 de cada 4 ha estado embarazada o tuvo un embarazo) y violencia (41.4 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2018) en la región, todavía no integra en sus programas nacionales de planificación familiar la anticoncepción de emergencia, un método que impediría que muchas mujeres tuvieran embarazos no deseados.

Al no tener acceso a la PAE, las mujeres se ven enfrentadas al riesgo de un embarazo no deseado y consecuentemente obligadas a buscar sitios clandestinos para interrumpir su embarazo.

Según cifras del informe de violencia sexual de 2017 del Centro de Derecho de Mujeres, en Honduras el aborto inseguro representó el 12 por ciento de las muertes maternas en el país. Y de acuerdo con los registros de la Secretaría de la Salud, mencionados en el mismo documento, el número de ingresos hospitalarios por abortos fue de 10 mil 298. De estas pacientes, 20 por ciento fueron mujeres entre los 10 y los 19 años.

Desde la prohibición de la PAE en 2009 hasta 2017, un promedio por año de 21 mil 677 mujeres menores de 18 dieron a luz. Anualmente, la tasa de partos en adolescentes a nivel nacional se incrementa. Se trata de niñas sometidas a partos obligados que ponen en riesgo su vida. Está comprobado a nivel médico, que un embarazo durante la adolescencia corre mayor riesgo de complicaciones y el binomio madre-hijo es más vulnerable.

Entre enero de 2016 y junio de 2019, MSF en Tegucigalpa atendió de manera integral a 94 mujeres que quedaron en embarazo tras sufrir violación. Esta cifra es solo un reflejo de una emergencia sanitaria nacional. Durante la última década (2009-2018), Medicina Forense de Honduras practicó exámenes a más de 17 mil menores que sufrieron violencia sexual en el país.

Las sobrevivientes cargan con profundas afectaciones físicas y mentales, que desencadenan principalmente estrés agudo, depresión, ansiedad, estrés postraumático y hasta pensamientos suicidas. Los vacíos en el sistema de salud hondureño, en cuanto a servicios de salud sexual, reproductiva y salud mental, agudizan aún más estos impactos.

"A las mujeres que llegan a nuestros puntos de atención que sufrieron violación, les prestamos apoyo integral, psicológico, médico y soporte social. Las acompañamos en sus procesos terapéuticos. En el transcurso de la atención, muchas pacientes manifiestan que parte de sus dolores e impactos están relacionados con el embarazo no deseado. Algunas, incluso, en medio de ese sufrimiento, llegan a pensar en quitarse la vida", enfatizó Fernández.

El jefe de misión de MSF en Honduras señaló que estos impactos médicos y psicológicos podrían haber sido mitigados si las mujeres hubieran tenido acceso métodos efectivos para prevenir embarazos no deseados, como la PAE, y a un protocolo de atención eficaz.

Como una urgencia médica, MSF llama de nuevo a la Secretaría de Salud de Honduras para que contribuya a garantizar la salud de las mujeres, elimine la prohibición el medicamento y apruebe un protocolo de atención integral para sobrevivientes de violencia sexual, que lleva frenado desde octubre de 2017. Mientras más tiempo demore en aprobarse, la vida de más mujeres estará en riesgo.

Esta nota es de MSF y se publica bajo una alianza editorial con El Financiero para difundir el trabajo de la institución.

Médicos Sin Fronteras fue fundada en Francia en 1971 por un grupo de médicos y periodistas. Ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1999 por su labor humanitaria en varios continentes. MSF tiene operaciones en más de 70 países, entre ellos México, donde la oficina se estableció en 2008.

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