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Uruguay quiere que lo voltees a ver... si tienes 500 mil dólares y 90 días para vivir en ese país

La nación sudamericana quiere aplicar nuevas normas de residencia fiscal para los extranjeros adinerados.

Tal como lo ve el presidente electo de Uruguay, su gobierno enfrentará un par de problemas: pocos residentes y baja inversión. Bueno, ¿por qué no hacer que el país sea tan atractivo para los extranjeros adinerados empaquen y se muden Uruguay? Así se resuelven ambos dilemas al mismo tiempo.

"Me parece algo aceptable que a Uruguay le vendría muy bien 100 mil o 200 mil personas más", dijo Luis Lacalle Pou en una entrevista de radio nacional la semana pasada, explicando los cambios que quiere aplicar a las normas de residencia fiscal en la nación de 3.5 millones de habitantes.

Países desde Portugal hasta España y Grecia han seguido este camino, con el objetivo de cortejar a los ricos con requisitos relativamente holgados para el estatus de residencia oficial. En Portugal, por ejemplo, se puede invertir tan solo 350 mil euros (385 mil dólares) en propiedades para calificar.

En Uruguay en este momento, el camino de un extranjero hacia la residencia fiscal incluye pasar más de 183 días al año en el país, así como comprar bienes inmuebles por un valor superior a 1.8 millones de dólares o invertir más de 5.4 millones en un negocio. Lacalle Pou, quien asumirá el cargo el 1 de marzo y terminará con 15 años de gobiernos de izquierda, no ha señalado el nivel mínimo al que quiere llegar.

Destino Punta del Este, una organización sin fines de lucro que promueve la ciudad turística, ha solicitado al equipo del presidente entrante que cambie las normas a 90 días y 500 mil dólares.

"La idea es que sea competitiva", dijo Juan Carlos Sorhobigarat, presidente del grupo. "Si no es competitiva, a Uruguay, un país pequeño acá abajo, no va a venir mucha gente".

En realidad, Uruguay tiene mucho que ofrecer. Ubicado entre Argentina y Brasil, es una de las naciones más ricas de América del Sur. La costa está bordeada de impresionantes playas, el campo salpicado de pintorescas granjas y viñedos.

Los visitantes adinerados ya son importantes para la industria turística, que generó más del 8 por ciento del PIB en 2018. Las ciudades costeras, como Punta del Este en particular, son imanes para los argentinos que han estado invirtiendo durante generaciones en casas de verano de lujo y en los apartamentos de gran altura que bordean la playa.

Y Uruguay ha evitado hasta ahora el malestar social que convulsionó a otras naciones de la región el año pasado, incluido el antiguo oasis de paz y prosperidad, Chile. El ministro de Turismo entrante, Germán Cardoso, compara su país con una "isla de tranquilidad" en un continente agobiado por los conflictos.

Pero hay desafíos por delante. El déficit general del sector público, cercano al 5 por ciento del PIB, es insosteniblemente grande si Uruguay quiere mantener su acceso a créditos baratos. El plan de políticas de Lacalle Pou es recortar ese porcentaje y hacer reformas de seguridad social potencialmente polémicas y reducir lo que sus asesores han denominado como un gasto inútil.

Será una tarea delicada hacerlo sin una reacción violenta de los uruguayos que ven su costoso estado de bienestar como un derecho de nacimiento. Los delitos violentos han aumentado durante años a pesar de las importantes inversiones en vigilancia policial. La economía estable pero agitada también necesita toda la ayuda que pueda obtener, con un crecimiento promedio de 1.3 por ciento en los últimos cinco años y un desempleo superior al 9 por ciento.

Atraer nuevos residentes definitivamente no sería una fórmula milagrosa, pero de seguro no sería negativa.

"En la medida que vengan a afincarse aquí residentes de fuerte poder adquisitivo eso va a tener un impacto inmediato en la economía", dijo Cardoso en una entrevista a mediados de este mes, porque comprarán casas, matricularán a sus hijos en escuelas privadas y emplearán servicios domésticos.

Ignacio Albanell, cuya firma de bienes raíces Meikle se enfoca en barrios pudientes de Montevideo -como Carrasco, por ejemplo- sin duda agradecería las políticas que podrían conducir a más ventas de viviendas. Pero, dijo, la clave para hacerlo sería reducir los onerosos requisitos de información financiera relacionados con los compradores extranjeros.

"Hoy por hoy viene un extranjero a abrir una cuenta en Uruguay y poco menos se le trata como delincuente", dijo Albanell.

Estas preocupaciones podrían abordarse. Cardoso dijo que el presidente electo también quiere racionalizar la supervisión del banco central de las transacciones relacionadas con la propiedad para impulsar la inversión extranjera en bienes raíces. Los líderes del partido de izquierda Frente Amplio de Uruguay, que durante sus 15 años en el poder implementaron estrictas normas contra el lavado de dinero, han criticado cualquier suavización de las regulaciones de supervisión del banco central como algo preocupante.

En Argentina, el plan de residencia impositiva de Lacalle Pou no ha funcionado bien con el establecimiento político, que lo ve como un guiño poco velado a los argentinos ricos que piensan en salir de su país.

Si bien Argentina impuso controles de capital y aumentó los impuestos en medio de una profunda crisis económica, los extranjeros con residencia fiscal uruguaya en este momento pagaban solo el 12 por ciento de los dividendos e intereses obtenidos por activos offshore tras un período de gracia de cinco años.

En una entrevista reciente con la estación de televisión C5N, el presidente Alberto Fernández instó a Lacalle Pou a "pensarlo dos veces" antes de hacer del país lo que él sugirió sería un paraíso para los evasores de impuestos. "A Uruguay le costó tanto salir de ese mote de paraíso fiscal que volver a caer en eso me parece que no es una buena idea", dijo Fernández.

Uruguay ha tratado de deshacerse de ese apodo con el programa contra el lavado de dinero y al compartir mayor información sobre los residentes argentinos con la agencia tributaria de ese país.

Lacalle Pou dijo que Fernández no tiene nada de qué preocuparse, y prometió que todo será legal y transparente. Aún tiene que presentar su plan de residencia al Congreso, donde su coalición de cinco partidos tendrá mayorías legislativas.

Si se aprueba dicho plan, ¿funcionará? El tiempo lo dirá y esto podría tomar cierto tiempo.

"Hay que ver cuánta gente participa y cuál es el resultado en materia económica de las actividades que realizan", dijo Julio de Brun, expresidente del Banco Central del Uruguay. Pero en general, "lo veo como algo positivo".

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