Venezuela 'acapara' tierras en la Amazonia para la minería de oro, ante la falta de crudo

Las sanciones estadounidenses y una industria petrolera en colapso están impulsando a Venezuela a abrir grandes extensiones de tierra a la minería de oro, incluidas áreas protegidas en el Amazonas.

La cantidad de terrenos utilizados para la minería se ha triplicado con creces desde marzo del año pasado, según un estudio de la organización local sin fines de lucro Wataniba. Se espera que la actividad se acelere aún más después de la autorización en abril de nuevos lotes en cinco ríos.

Venezuela ya tiene una próspera industria de oro ilegal que devasta vías fluviales, bosques y comunidades indígenas, y financia grupos armados violentos. Ahora las autoridades están ayudando a suministrar equipos para establecer operaciones más formales que procesan oro a través de una nueva instalación estatal y venden el metal al Gobierno, dijeron personas con conocimiento del asunto. El trabajo continúa incluso en medio de estrictos bloqueos y escasez de combustible en el resto del país.

Las sanciones estadounidenses y los años de subinversión han llevado la producción de petróleo venezolano a su nivel más bajo desde la década de 1940. Eso ha convertido al oro en una fuente clave de ingresos para el presidente, Nicolás Maduro, quien ha recurrido a la venta de reservas a aliados como Irán y Turquía mientras lucha en tribunales para la repatriación de lingotes retenidos en el extranjero. Con la perspectiva de operar en zonas del país que en su mayoría son ilegales que no son atractivas para las mineras internacionales, Maduro está buscando hacer crecer una industria nacional poco supervisada y aprovechar el aumento de los precios del metal.

" La minería en el Amazonas venezolano ha crecido de manera desordenada incluso en las afueras de ciudades y poblaciones", señaló Tina Oliveira, directora para el Amazona de Wataniba, que realiza trabajos socioambientales en la región.

Sin duda, el número de minas ha disminuido. Pero eso se debe a que las operaciones se han fusionado. Un estudio satelital de Wataniba muestra que su alcance había crecido a 116 mil 655 hectáreas (alrededor de 160 mil campos de fútbol) en marzo de este año desde las 33 mil 926 hectáreas del año anterior.

Desde 2016, cuando Maduro estableció el Arco Minero del Orinoco, que abarca 11.2 millones de hectáreas, hasta las últimas cifras oficiales en 2018, las compras estatales de oro crecieron 15 veces a 9.7 toneladas.

El Gobierno dice que la minería en las nuevas áreas se centrará en extraer oro de las arenas vertidas en las riberas de los ríos durante los últimos 120 años de explotación ilegal.

"Nuestras políticas públicas incluyen directrices que promueven el uso de nuevas tecnologías que mitigan la modificación irreversible del entorno", señaló el 3 de agosto a la televisión estatal el ministro de Minería, Gilberto Pinto, quien es vicealmirante de la Marina. "Las cláusulas de remediación en los contratos son muy exigentes".

Pinto no respondió a solicitudes de comentarios.

Legisladores de la oposición, como Olivia Lozano, afirman que el crecimiento del arco minero le permite al Gobierno supervisar las minas ilegales vinculadas a la mafia en lugar de cerrarlas.

"El régimen entregó lotes de terreno en áreas mineras a sus aliados, que minan el oro y lo comparten con el Gobierno, y luego se envía hacia el exterior", declaró Lozano.

Américo De Grazia, exalcalde de la región minera de Piar, planea abordar el asunto en Naciones Unidas, dijo desde Italia, donde vive en el exilio.

El oro extraído por pequeños operadores y empresas conjuntas es enviado por el Gobierno a Irán, Turquía y el Caribe en un comercio que ha causado sanciones por parte de Estados Unidos a Maduro.

Nueva maquinaria de minería y trituración, así como remolques de oficina, se están enviando bajo custodia de seguridad oficial a la región, dijeron personas con conocimiento del asunto, que pidieron no ser identificadas por temor a represalias. El material se envía para su procesamiento en el complejo Manuel Piar en Ciudad Guayana, dirigido por la estatal Corporación Venezolana de Minería y es custodiado por la policía de inteligencia y militares.

La minería está invadiendo parques nacionales y áreas protegidas, incluso cerca del Salto Ángel que inspiró la película de Pixar Up, según varias ONG y la Asamblea Nacional liderada por la oposición. Algunos grupos indígenas han emigrado a Brasil debido a la contaminación del agua y la deforestación resultante de la minería, según la ONG Kape Kape.

La escasez de gasolina que ha llevado a un estricto racionamiento a nivel nacional desde marzo no ha detenido la minería en Venezuela. El combustible en las áreas mineras está disponible a 5 dólares el litro, el más alto del país, declararon las personas.