Con 17 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el jueves el dictamen de la minuta del Senado de la República con las nuevas leyes reglamentarias para la Reforma al Poder Judicial aprobada en el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el pasado 11 de marzo.
El dictamen de los diputados de la Comisión contiene su voto mayoritario a favor del polémico artículo Décimo Tercero Transitorio, incluido de última hora por los senadores de la 4T en las leyes secundarias, que abre la posibilidad de ampliar por dos años más –del 2022 al 2024- el mandato del actual ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte.
Ante los reproches de la oposición y también de algunos legisladores de Morena, la fracción parlamentaria morenista y sus aliados entregaron un paquete de argumentos y consideraciones por los que se aprueba la propuesta del Senado de la República sin modificaciones.
El dictamen se turnó al pleno de los 500 legisladores para su debate y votación, este mismo jueves, con la dispensa de todo trámite en materia de publicidad o conocimiento de todos los diputados con al menos 24 horas de anticipación a su discusión.
La reforma publicada ordenó en sus artículos transitorios que el Congreso de la Unión contaría con 180 días para aprobar la legislación secundaria, para especificar a detalle el nuevo funcionamiento del sistema jurídico a nivel federal.
Los opositores lamentaron que, por incluir el “ilegal artículo transitorio”, “se manchan” los avances logrados en el paquete de reformas, en materia de transparencia, del fortalecimiento de las instituciones judiciales para mejorar la impartición de justicia, combatir la corrupción y el nepotismo; fortalecer la carrera judicial y mejorar los servicios de defensoría pública, en beneficio de una sociedad más justa.
Se nubla también la propuesta de consolidar la carrera judicial para todas las categorías, a las que se accederá por concurso de oposición, limita la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por jueces y magistrados, y establece políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal sobre adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores.
Se opaca el reforzamiento las facultades institucionales del combate a la corrupción y al nepotismo, el impulso a la capacitación y la profesionalización del personal de la Escuela Judicial; el fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública al cambiar su denominación por Escuela de Formación Judicial, con el objeto de implementar procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares, entre otros avances.