Un juez ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear las cuentas bancarias del empresario Rafael Zaga Tawil, prófugo de la justicia por su presunta responsabilidad en un desfalco de 5 mil millones de pesos al Infonavit el sexenio pasado, al considerar que el congelamiento fue inconstitucional.
Víctor Octavio Luna Escobedo, titular del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en materia Administrativa, otorgó el amparo a Rafael, quien solicitó la reactivación y el acceso de sus cuentas en BBVA Bancomer y Santander México.
Zaga Tawil reclamó la inconstitucionalidad del Acuerdo 06/2020 que emitió el titular de la UIF, Santiago Nieto, el 20 de enero del año anterior, mediante el cual lo incluyó en la lista de personas cuyos recursos están bloqueados en el sistema financiero mexicano.
El juez señaló que del análisis del amparo indirecto fue posible determinar que la autoridad hacendaria incurrió en una violación contra el quejoso al aplicar de forma errónea el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, para llevar a cabo la medida cautelar.
“La atribución de la UIF, consistente en el bloqueo de cuentas a los clientes y usuarios de servicios financieros, no puede emplearse válidamente cuando el motivo que genere el bloqueo de cuentas tenga un origen estrictamente nacional, como lo fue en el presente caso, que se incluyó a la quejosa al considerar que las conductas ejecutadas se encuentran relacionadas con haber realizado actividades que forman parte, auxilien o estén relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“De ahí que sea evidente la inconstitucionalidad del Acuerdo 06/2020 emitido por el titular de la UIF, en el que se aplicó el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual señala que el bloqueo es constitucional cuando se realiza para cumplir compromisos internacionales”, indicó.
El titular del juzgado Décimo Cuarto afirmó que el congelamiento de los recursos del empresario no fue constitucional porque no hay elementos para suponer que existe una solicitud de carácter bilateral o multilateral, ni una determinación o resolución adoptada por un órgano internacional en el que se hubiera requerido tal medida, “por lo que la orden de la UIF se realizó ignorando los lineamientos establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Sin embargo, puntualizó que la protección constitucional no surtirá efectos en relación a cualquier otro acto que implique el bloqueo, embargo o aseguramiento de las cuentas bancarias del quejoso que no haya sido materia del análisis en el presente asunto o que el mandamiento de bloqueo sea emitido por el Ministerio Público o un juez de control.
Rafael Zaga es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) con base en una orden de aprehensión por el desfalco de 5 mil millones de pesos contra el Infonavit, mientras que su hermano Teófilo está preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, tras ser detenido en abril de 2021.