La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la responsabilidad penal de 19 personas y pidió imputar a tres más, por la muerte de 49 niños y lesiones a otras 38 personas, durante el incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.
No obstante, ordenó revisar las penas que se les impuso a los ya sentenciados, las cuales inevitablemente se reducirán, pero ninguna será menor a cuatro años.
Al resolver tres amparos en revisión, la Primera Sala de la SCJN recordó que los 22 imputados son acusadas del delito de homicidio y lesiones culposas.
Muchos de ellos han estado en libertad por lo que, con ésta resolución, tendrán que internarse voluntariamente en prisión o se ordenará su captura.
En el caso de Antonio Salido Suárez, secretario del Consejo de Administración de la guardería ABC, y Martín Lugo Portillo, director de Bomberos de Hermosillo, se les concedió el amparo para el efecto de que se recalcule la pena que se les impuso.
Ambos fueron sentenciados a 28 años de prisión, pero de acuerdo con la SCJN, hubo una incorrecta aplicación del artículo 64 del Código Penal Federal (CPF) al momento de fijar las penas.
Dicho artículo establece los criterios para el concurso ideal de sanciones. El artículo señala que cuando, por un mismo hecho se involucran varios ilícitos, se aplicará la pena que corresponda al delito con mayor penalidad, sumando las sentencias adicionales, sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las mismas.
Los ministros hicieron ver que la sentencia aplicada a dichos ex funcionarios se calculó multiplicando la sentencia de mayor penalidad por el número de víctimas, lo cual, según la SCJN violó sus derechos. Con base en ese criterio otros de los implicados podrían ver reducida su pena.
Otro de los amparos resueltos por la Primera Sala de la SCJN fue promovido por padres de las víctimas y con base en el cual se determinó que tres supervisoras de las guarderías subrogadas del IMSS, deber ser sujetas a proceso por homicidio y lesiones culposas.
Cabe recordar que entre los servidores públicos ya sentenciados están Noemí López Sánchez, Jefa del Departamento de Guarderías del IMSS, a quien se le impuso una pena de 29 años de prisión.
Otros sentenciados son Arturo Leyva Lizárraga, entonces delegado estatal del IMSS; Sandra Lucía Téllez Nieves, representante legal de la guardería ABC, y Antonio Salido Suárez, secretario del consejo de administración de la guardería, a quienes se les condenó a 28 años de prisión.
Alberto Flores, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Roberto Copado, director de Protección Civil de Hermosillo; Martín Lugo Portillo, director de Bomberos; Arturo Dávila Pacheco, jefe de departamento en la dirección de Bomberos, y Jesús Davis Osuna, director de Inspección y Vigilancia del municipio, también se les impuso una pena de 28 años de prisión.
A otras nueve personas de las áreas de Control Vehicular, de la Agencia Fiscal; del área de Recaudación; de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda local se les dictó la pena de 20 años de prisión.
Cabe desatar que la SCJN ya había analizado el caso en 2010.
En aquella ocasión, el proyecto del ministro Arturo Zaldívar responsabilizó directamente a funcionarios de alto nivel de los gobiernos Federal y de Sonora.
Zaldívar, hoy presidente de la SCJN, pedía sanción penal para los ex directores del IMSS Daniel Karam y Juan Molinar (finado); el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours; así como Matilde Gómez del Campo, tía de Margarita Zavala.
Sin embargo, dicha propuesta no fue avalada por el resto de ministros.