El extitular de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, dijo sobre la inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública para desempeñar cargos públicos que impugnará la resolución por la vía institucional.
“Es deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador”, aseguró en un comunicado publicado en Twitter.
La Secretaría de la Función Pública informó este martes que determinó sancionar a Videgaray con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por acreditarse la falta de veracidad en declaraciones patrimoniales.
Estas declaraciones habrían sido de tres años consecutivos (2015-2017), cuando se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público.
Ante esto, el excanciller dijo que las cuentas bancarias a las que refiere la Secretaría de la Función Pública son en realidad tarjetas de crédito, que no tenían saldo deudor a la fecha de reporte de la declaración.
“Las declaraciones son veraces (pues no se ocultaron pasivos) y evidentemente no hubo intensión de ocultar información patrimonial a la SFP (pues las tarjetas de crédito sí se mencionan en la propia declaración, en otro apartado)”, señala Videgaray.
Señaló que en el oficio mediante el cual fue notificado, la SFP reconoce que Videgaray no obtuvo ningún beneficio o lucro derivado de la supuesta falta de veracidad en las declaraciones.
La dependencia indicó que en junio de 2019 el inicio de la investigación patrimonial sobre quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes AgroNitrogenados.
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) también vinculado a la misma compra y que está siendo procesado en México por varios delitos de corrupción, involucró a Videgaray en distintas actividades de sobornos y financiación irregular de campañas electorales. Lozoya hizo un acuerdo con la fiscalía para colaborar con la justicia.
Desde entonces, Videgaray está en la mira de la fiscalía federal, que a finales del año pasado intentó obtener una orden de arresto contra el exfuncionario. Según dijo en aquel momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, un juez rechazó el pedido.
Los cargos al parecer estaban relacionados con una demanda legal presentada por Lozoya, quien alegó que Peña Nieto y Videgaray le ordenaron sobornar a legisladores, entre ellos cinco senadores, para que apoyaran reformas en el sector energético.
Otra alta funcionaria del gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles, extitular de Desarrollo Social y que también está procesada por uso ilícito de fondos públicos, también involucró a Videgaray en actos de corrupción.
El exsecretario, actualmente miembro de facultad de la Escuela de Administración Sloan del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha negado todas las acusaciones de forma reiterada.
Tras los señalamientos del exdirector de Pemex emitió un comunicado en el que aseguró que “las múltiples imputaciones que me hace Emilio Lozoya son falsas”. “Además, son absurdas, inconsistentes, temerarias”.
“El mecanismo de moda de ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley”, escribió entonces.
Función Pública contradice a Videgaray
Tras la carta emitida por el excanciller de la república, la Secretaría de la Función Pública informó que las cuentas que ocultó durante dicho periodo, sí son cuentas bancarias y contaban con saldo durante el periodo en el que tenía la obligación de presentar declaración.
Acorde con la dependencia, la omisión de reportar saldos en cuentas constituye una falta administrativa grave, por lo que defenderán su postura ante el exfuncionario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La omisión de reportar saldos en cuentas constituye una falta administrativa grave, que vulnera la integridad y la ética en el servicio público, y ésta fue reiterada durante los años señalados. Para la inhabilitación por 10 años se aplicó la LFRASP en un procedimiento sancionador administrativo culminado; no se trata de una mera acusación”, sentenció la dependencia federal.
Con información de AP