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Buenas noticias para México: avanza en EU litigio sobre venta de armas

El Gobierno de México tendrá hasta el 31 de enero de 2022 para responder a los fabricantes de armas de EU.

Se estima que los traficantes envían más de 200 mil armas a México cada año.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reveló este domingo el calendario con los plazos para la primera parte del proceso jurídico de la demanda del Gobierno de México en contra de las empresas fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos.

A través de su portal, la SRE señaló que la Corte federal del Distrito de Massachussets, emitió una orden en la cual aprobó el calendario propuesto para dar resolución a dicha demanda por el tráfico ilegal de armas hacia la frontera sur.

“La Corte federal del Distrito de Massachussets, encargada del litigio iniciado por el Gobierno de México en contra de empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego por su responsabilidad en el tráfico ilegal de armas a México, emitió este 17 de septiembre de 2021 una orden mediante la cual aprueba el calendario propuesto por las partes para el desarrollo de la primera etapa del proceso judicial”, se lee en la página de la dependencia federal.

Acorde con la orden judicial, las empresas demandadas tendrán hasta el 22 de noviembre de 2021 para presentar su respuesta a la demanda e interponer las defensas legales que consideren pertinentes.

Una vez cumplido el plazo, el Gobierno de México podrá presentar su réplica a los argumentos de los demandados antes del 31 de enero de 2022.

Finalmente, las compañías estarán obligadas a presentar su contrarréplica hasta antes del 28 de febrero del 2022.

Con este juicio, el gobierno de México pretende que los fabricantes compensen al país por los daños causados por las supuestas prácticas negligentes y que se desarrollen e implementen estándares los suficientemente razonables para monitorear y disciplinar a los distribuidores.

Asimismo, México solicita a las empresas que incorporen mecanismos de alta seguridad en sus armas para prevenir que sean usadas por personas no autorizadas y que cesen las prácticas negligentes que pudiesen ocasionar daños.

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