Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), está más cerca de pisar la cárcel. Y es que este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió una medida nueva por su involucramiento en el caso Odebrecht: la prisión preventiva justificada.
Esta figura apareció en la conversación nacional hace algunos días, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional una medida que se le parece, pero no es igual: la prisión preventiva oficiosa.
Pero, ¿por qué se caracteriza la petición que hizo la FGR?
- Las leyes mexicanas establecen que la prisión preventiva es una medida cautelar que se aplicará cuando se trate de un delito que merezca pena privativa de libertad.
- Esto quiere decir que una persona estará en prisión mientras se determina si cometió o no el delito, de acuerdo con el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho (IIDEJURE).
- La prisión preventiva puede ser justificada cuando el Ministerio Público la solicita al juez porque considera que otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar que el imputado tenga presencia en el juicio; para el desarrollo de la investigación; para la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por cometer un delito de forma intencionada.
- En el caso de Lozoya, la Fiscalía pidió esta medida debido a que, aseguró, ninguno de los imputados por el caso Odebrecht ha cumplido hasta el momento con los requisitos para obtener un criterio de oportunidad o convertirse en testigo colaborador.
- La petición recibió también el ‘espaldarazo’ de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que añadió que tiene varias investigaciones abiertas en contra de Lozoya, que en su momento pudieran ser judicializadas.
- Por ello, la unidad justificó que existe el riesgo de fuga, por lo que se unió a la petición de la prisión preventiva justificada.
Con información de David Saúl Vela