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SCJN desecha la controversia constitucional de García Cabeza de Vaca

La Corte aún mantiene tres Controversias Constitucionales en la materia, una interpuesta por el Senado de la República, otra por la FGR.

Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. (Cuartoscuro)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante su Segunda Sala, desechó el recurso de Controversia Constitucional que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, interpuso argumentando extemporaneidad.

Esta controversia buscaba, de acuerdo con las acciones del equipo del gobernador de Tamaulipas, anular orden de aprehensión en su contra.

Este recurso fue realizado luego de que se librara una orden de aprehensión en el Estado de México por la supuesta comisión de los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El proyecto de desechamiento fue elaborado por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y la acción referida desestimó la reclamación de García Cabeza de Vaca, que buscaba poner fin e invalidar dicha orden.

La Corte aún mantiene tres Controversias Constitucionales en la materia, una interpuesta por el Senado de la República, otra por la Fiscalía General de la República y, finalmente, una por el Congreso Local.

Lo anterior derivó de la interpretación del artículo 111 de la Constitución, ya que no se establece claramente el actuar de los Congresos locales con respecto a la decisión de desaforar a un servidor público por parte de la Cámara de Diputados Federal.

Hasta el momento, la Corte tiene la última palabra y se espera que se pueda definir la situación del aún funcionario y responsable de la entidad al noroeste del país.

En tanto, diversos grupos sociales y políticos han señalado tanto los abusos del gobernador tamaulipeco como las violaciones a derechos humanos en las que, año con año, se ha visto involucrada su Secretaría de Seguridad Pública.

De igual modo, existen seis denuncias vigentes presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el gobernador y miembros de su familia, donde se señala su presunta incursión en delitos relacionados con operaciones millonarias que involucran recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos de desvío de recursos públicos y defraudación fiscal.

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