El decreto publicado la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es una “señal” de la desesperación del mandatario, aseguró el Wall Street Journal en una columna de opinión.
El texto, firmado por Mary Anastasia O’Grady, remarca las altas probabilidades de que el acuerdo termine siendo invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Esto sugiere que (el decreto) es un acto más de desesperación que una muestra de fuerza”, publicó.
Diversas organizaciones y partidos ya anunciaron que impugnara´n el acuerdo por el que se declaran como obras de interés público y seguridad nacional los proyectos realizados por la administración.
Por ejemplo, el INAI dijo que buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional información relacionada con las obras de la Cuarta Transformación.
El INAI señaló que el acuerdo plantea una “posible transgresión” del artículo 6 de la Constitución Política de México.
“En tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, agregó.
Por otra parte, el PAN presentará todos los recursos legales posibles ante la Corte e impulsaremos y apoyaremos todos aquellos que organismos o particulares también presenten.
“Es realmente inaceptable ver cómo el presidente es candil de la calle y oscuridad de su casa”, sostuvo el dirigente del partido, Marko Cortés.
¿Qué dice el acuerdo?
Las obras las asociadas a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles (en todas sus modalidades), energético, puertos y aeropuertos son consideradas de seguridad nacional.
Además, el decreto instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que otorguen la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar dichos proyectos.
“Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, agrega.