La Fiscalía General de la República (FGR) imputó por el caso de la Estafa Maestra a un ex colaborador cercano a Rosario Robles por el desvío de más de mil 200 millones de pesos, relacionados a la Estafa Maestra, para pagar la supuesta compra de votos en las elecciones presidenciales del 2012, en favor del expresidente Enrique Peña Nieto.
Gracias a la declaración de Emilio Zebadúa, excolaborador de Rosario Robles, las FGR imputó a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de de la Secretaria de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la gestión de Robles, por el desvío de 185.8 millones de pesos.
Dicho desvío, según la FGR, se dio al simular la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) de Hidalgo.
En la sesión, los fiscales de la FGR leyeron parte de la declaración que hizo Zebadúa ante la FGR, el 19 de octubre de 2020, en la que acusa el desvío de más de mil 200 millones de pesos e imputa a Robles y a otros altos funcionarios de la administración anterior, entre ellos al ex titular de Hacienda, Luis Videgaray.
Según esa declaración, el desvío fue orquestado con el fin de pagar adeudos y compromisos adquiridos durante la campaña presidencial del PRI en 2012, la compra de votos en otras elecciones y pago de publicidad a favor de altos funcionarios como el expresidente Peña Nieto.
González Tiburcio, quien compareció por video-conferencia, no hizo declaración y pidió la duplicidad del término para que se defina su situación jurídica. Con antelación ha negado los cargos.
Será el fin de semana cuando el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determine si vincula o no a proceso al ex servidor público por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades por el cual podría alcanzar una pena de hasta 12 años de prisión.
Actualmente, Emilio Zebadúa González colabora con la FGR ya que busca alcanzar un criterio de oportunidad, lo que le permitiría no pisar la cárcel pese a ser también parte de la trama de la Estafa Maestra que facilitó el desvío de unos mil 200 millones de pesos del erario público durante la administración de Peña Nieto.