Alejandro Gertz, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), no ha impulsado la transformación estratégica que requiere la institución para hacer frente a la impunidad sistémica en el país, acusan organizaciones ciudadanas.
Se trata de medio centenar de organizaciones, colectivos y académicos quienes han tenido que recurrir al amparo para que el fiscal acate los cambios a que la ley lo obliga en la FGR.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Artículo 19 Oficina para México, México Unido contra la Delincuencia y colectivos de búsqueda de desaparecidos consideran que la gestión de Gertz tiene un balance negativo, con retrocesos y renuencia a la rendición de cuentas.
Advirtieron que, bajo su mando, la FGR ha aplicado una justicia penal de manera selectiva, lo que es evidente en casos como el del general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional o el caso de Alejandra Cuevas, su excuñada. Además, “ha mostrado una clara cercanía al Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Las organizaciones hicieron la semana pasada un pronunciamiento, el cual, según los coordinadores, sigue vigente ya que la FGR no ha dado respuesta ni ha hecho ningún pronunciamiento al respecto.
Estimaron que el fiscal Gertz incumplió la Ley Orgánica de la FGR de 2018, al grado de promover su abrogación y la emisión de una nueva que, acorde con sus intereses, reduce los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, elimina salvaguardas para la autonomía de la FGR y los altos fiscales, derechos de las víctimas y obligaciones de la institución.
Señalaron que la FGR aún carece de un consejo ciudadano, como un contrapeso al fiscal, lo cual evidencia un total desdén hacia la ciudadanía.
Y señalaron que ha omitido impulsar la transición hacia una persecución penal moderna, racional y eficiente, y ha mostrado graves retrocesos, principalmente en relación con su autonomía. “La autonomía ha sido empleada como excusa para blindar a la fiscalía de la rendición de cuentas, la participación ciudadana y para negarse a colaborar con otras autoridades”.