Aunque en México no hay una guerra, en el primer trienio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, 63 mil 310 personas han sido desplazadas de sus hogares por la violencia que prevalece en distintas regiones del territorio nacional.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), esa cifra es superior 17 por ciento con respecto al trienio inmediatamente anterior del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando se documentó el desplazamiento de 53 mil 991 personas.
Sólo en 2021, la CMDPDH documentó 40 eventos de desplazamiento interno masivo causado por violencia, los cuales afectaron por lo menos a 44 mil 905 personas en 10 entidades federativas.
“A pesar de que se trata de información preliminar, que en las siguientes semanas será revisada y analizada de manera más detallada para la preparación de nuestro informe anual, sin duda estamos frente a un incremento de desplazamientos causados por violencia en el país”, indica la comisión.
“Las cifras registradas en 2021 son las más altas que hemos documentado desde 2016. En 2020, por ejemplo, fueron 24 eventos de desplazamiento interno masivo causado por violencia y 9 mil 741 personas desplazadas”, se refiere en el último boletín de la organización no gubernamental.
La CMDPDH considera que, ante este escenario “preocupante”, es necesaria la intervención inmediata de los tres niveles de gobierno para prevenir nuevos desplazamientos, atender a la población y encontrar soluciones duraderas a su situación.
El gobierno de López Obrador, pese a reconocer esta problemática, no ha realizado ni siquiera un censo oficial de las personas desplazadas por la violencia.
En tanto, el Senado mantiene en la congeladora legislativa una minuta, aprobada desde septiembre de 2020 en la Cámara de Diputados, mediante la cual se expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
Además, tanto la senadora de Morena Nestora Salgado, como el senador del grupo plural Emilio Álvarez Icaza, han presentado sendas iniciativas para atender esta problemática, las cuales no han sido dictaminadas en comisiones.
En la sesión del pleno del pasado 10 de febrero, Álvarez Icaza, quien ha propuesto crear una Ley Nacional para la Prevención, Protección, Generación de Soluciones Duraderas y Sanciones en materia de desplazamiento interno forzado, urgió, desde la tribuna, a legislar en esta materia.
“Nos parece indispensable legislar en esta materia una reforma constitucional para que el Senado tenga facultades sobre eso, una reforma constitucional en el (artículo constitucional) 27, porque hoy lo que está pasando es que la minería ilegal está generando desplazamiento interno y tenemos que adecuar; Oaxaca es un lugar donde se está presentando muy infelizmente el fenómeno del desplazamiento producto de la minería ilegal. Si no lo resolvemos pronto, al rato vamos a tener una combinación extraordinariamente peligrosa del narco y la minería ilegal”, alertó.
Una estimación de la propia comisión señala que, de 2006 a diciembre de 2019, 346 mil 945 personas habían sido desplazadas por la violencia, a lo cual, si se le agregan las cifras de 2020 y 2021, suman 401 mil 591, desde que inició la administración del expresidente Felipe Calderón, quien fue el que mandó al Ejército a las calles para realizar tareas de seguridad pública y declaró “la guerra” al crimen organizado, política que se mantiene hasta la fecha.
