Los reclamos no paran al interior del Congreso de Estados Unidos, donde legisladores tanto demócratas como republicanos han expresado su preocupación y descontento con la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
40 congresistas estadounidenses firmaron una carta en la que solicitaron que se convoque a una audiencia y se permita investigar las formas en las que México está incumpliendo sus compromisos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia de política energética.
La misiva fue firmada principalmente por Clay Higgins, miembro de la Cámara de Representantes por el partido republicano y enviada a la demócrata Carolyn Maloney, líder del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes.
“La urgimos, como jefa del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes, a que convoque una audiencia para investigar el grado en el que México está incumpliendo sus compromisos bajo el T-MEC”, se lee en la carta, fechada el 18 de marzo.
En el documento, el legislador acusa que el Gobierno mexicano “está escalando esfuerzos para excluir a las empresas privadas de su sector energético”.
“Está nacionalizando efectivamente la industria de la energía por su cuenta al cerrar toda competencia extranjera a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex)”, menciona la misiva.
El mensaje del congreso estadounidense, lanzado el viernes, señaló que la Guardia Nacional ha incautado activos de energía a empresas estadounidenses y no ha ofrecido recursos para que las empresas estadounidenses reabran sus activos “cerrados ilegalmente”.
“Cerca de 20 mil millones de dólares en activos energéticos estadounidenses corren riesgo por las acciones del gobierno mexicano”, apuntó Higgins.
Por esto, el legislador exigió que se convoque una audiencia que involucre a testigos de varias dependencias federales estadounidenses, como los departamentos de Estado y de Energía, además de la Oficina de la Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés).
La política energética del presidente López Obrador –que él mismo ha caracterizado como una contrarreforma a la liberalización del sector energético promulgada en el sexenio previo– es fuente de fricción constante entre la administración federal mexicana y su contraparte estadounidense, que la ven como una amenaza a la inversión, a su agenda de combate al cambio climático y a la adecuada implementación del T-MEC.
De aprobarse y entrar en vigor como está la iniciativa, se terminarían todos los contratos de generación y suministro eléctrico actuales que tienen empresas privadas tanto con gobierno, como entre ellas.
Por si fuera poco, el documento criticó que la administración de Biden permitió a Pemex adquirir la refinería de Deer Park, en Texas, lo que calificaron en el congreso como “una vergüenza asombrosa y otro gran ejemplo de la política de energía antiestadounidense del presidente”.
“Creemos que esto justifica medidas agresivas de acción coercitiva de la administración Biden. Si no actuamos, la corrupción mexicana en la petrolera y el sector del gas seguirán perjudicando a nuestros propios ciudadanos” advirtieron los representantes del congreso.
Por último, la carta señala que la administración Biden no puede seguir permitiendo que México contradiga sus compromisos comerciales ni apoderarse de los activos estadounidenses de petróleo y gas sin consecuencias.
Soberanía no respalda
Presidencia se aferra al capítulo 8 del T-MEC –sobre soberanía petrolera para México– para justificar su política en el sector. Sin embargo, expertos consideran que EU podría presionar desde otros ángulos.
Joaquín Vega, abogado especializado en comercio exterior y socio de Vega Guerrero & Asociados, señaló que el capítulo de soberanía energética “nunca tuvo como propósito desproveer de derechos a aquellos inversionistas que decidieran ‘asociarse’ con México.
El reclamo de Higgins tendrá peso si se prueba que el gobierno de México ha estado expropiando activos estadounidenses.
“Si se determina que las acciones que denuncia el congresista americano son probadas, el artículo 8 no será suficiente defensa, y las violaciones por parte del Estado mexicano serán imputadas por otros capítulos del mismo tratado”, explicó el experto.
En lo que va del año, el gobierno mexicano atendió visitas de dos altos funcionarios de la Casa Blanca: la secretaria de Energía, Jennifer Granholm; y el enviado especial para el Clima, John Kerry. Ambos conversaron con López Obrador y sus funcionarios sobre la transición energética y el combate al cambio climático, expresando públicamente su consternación por el giro hacia una política energética que prioriza los combustibles fósiles.
A las visitas se añaden misivas como la de Higgins, que se suma a otras firmadas por legisladores demócratas y republicanos, funcionarios de la Casa Blanca y grupos empresariales.
Con información de César Cantú.