Declarar las 14 mil hectáreas del lago de Texcoco como área natural protegida es algo bueno; sin embargo, se permiten obras de infraestructura que deben quedar muy limitadas en el plan de manejo ambiental, alertaron especialistas entrevistados por EL FINANCIERO.
La profesora Judith Domínguez, investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, comentó que se contempla como zona de amortiguamiento, lo que permite ampliar el margen de actividades permitidas, entre ellas infraestructura.
“El imponer restricciones es muy complicado, que digan las prohíbo, el conflicto social es muy grande, lo que pueden hacer es que continúa, pero bajo limitaciones o restricciones, eso se decretará cuando se presente el plan de manejo ambiental”, explicó.
Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, también cuestionó esa actividad.
“Es preocupante que deja la posibilidad abierta a infraestructura, tanto de privada como de gobierno, que haya vialidades y una serie de cosas que en el área protegida deberían estar restringidas, si no hay un gran riesgo de que luego salga de ahí una gran vialidad para Santa Lucía”, expresó.
El especialista en zonas protegidas indicó que, en congruencia, el gobierno federal debe ir más allá del decreto, pues “gran parte del área está muy deteriorada ambientalmente, entonces el que se declare implica un alto compromiso de hacer la inversión necesaria, de hacer los trabajos de restauración ambiental”.
En ello coincidió la investigadora del Colmex, pues recuperar esa zona requerirá “mucho dinero”.
Además, el especialista de la UNAM planteó congruencia, ya que debe pensarse en un interés regional, pues también se deben “incluir los otros cuerpos de agua que quedan”, tales como Zumpango, la presa Madín, el lago de Chalco, Tláhuac y Xico, los cuales están siendo desecados e invadidos “por actividad ilegal de infraestructura”.
Judith Domínguez agregó que el lago de Texcoco, si bien es una zona ecológica importante, con especies amenazadas a proteger, el interés en él también es político para justificar el cambio del aeropuerto.
“Tiene las dos (perspectivas), más política quizá, realmente la agenda ambiental en este gobierno no creo que exista; existe sí, van haciendo cosas, pero si vemos otras obras presidenciales, se va intentando ajustar la ley a la obra, y no que la obra se ajuste a la ley ambiental”, acusó.