Norma Lucía Piña Hernández, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propondrá a sus homólogos en el pleno declarar inválido el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley Federal de Austeridad Republicana, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dicho artículo señala que los servidores públicos de mando superior no podrán ocupar puestos dentro de la iniciativa privada que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo, hasta que pasen al menos 10 años. Ello, para evitar conflictos de interés.
“La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de diez años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los exfuncionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida”, señala el proyecto.
La Suprema Corte dio a conocer el proyecto este lunes 28 de marzo a través de su sitio web y estimó que se prevé que el debate sobre esta medida sea el próximo 4 de abril.
En febrero un juez de amparo indicó que la medida era inconstitucional, pero se trasladó a un juicio de garantías, donde sólo se beneficiaba al quejoso que pidió la petición del amparo.
El juez federal determinó la inconstitucionalidad de la Ley de Austeridad Republicana y el candado de 10 años para que los altos mandos del gobierno no puedan trabajar en empresas privadas a las que regularon.
Abel Méndez, juez Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, determinó que la austeridad republicana es una política de Estado que debe estar prevista en la Constitución y, a través de ella, habilitar al Congreso para legislar al respecto.
Si el día del debate, ocho ministros votan a favor de la propuesta de la ministra Norma Piña, la prohibición en la Ley Federal de Austeridad Republicana deberá ser eliminada.