“Ahora o nunca” ha sido la frase con la que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha levantado las alarmas sobre el amenazante deterioro de la situación climática y le ha puesto un ‘ultimátum’ a todo el mundo.
Fue tan solo en 2018 cuando este mismo grupo de científicos convocados por las Naciones Unidas fijó como el último de los escenarios optimistas un límite de 1.5 grados centígrados del calentamiento global; no pasaron tres años para confirmar que estaba prácticamente fuera de nuestro alcance.
Sin embargo, después de varios años de números rojos y malas noticias, el IPCC ha reconocido en su más reciente informe que las últimas tendencias le favorecen al medio ambiente: la deforestación va a la baja, la innovación sigue avanzado, la energía alternativa se ha abaratado y, sobre todo, se ha vuelo más eficiente.
El IPCC, uno de los referentes más importantes del estudio para el cambio climático, se ha mostrado optimista por primera vez en mucho tiempo, señalando que la tecnología que la humanidad tiene a su disposición puede ser suficiente para revertir una situación a la que se pensaba que estábamos sentenciados, añadiendo la importancia de que varios gobiernos han optado por políticas orientadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, el entusiasmo del IPCC viene acompañado de un complejo reto: reducir al menos en la mitad las emisiones globales para 2030. La vía que los expertos de las Naciones Unidas proponen para esta labor es una transición mediante la que el sector energético abandone el uso de combustibles fósiles y apostar, en su lugar, por energías alternativas.
Para varios países, esto no será ninguna novedad, pero no todos los gobiernos han optado por políticas de transición. En algunos casos incluso insisten en desarrollar nuevos proyectos que continuarán con la producción de combustibles fósiles a gran escala.
México busca la soberanía energética en los combustibles fósiles
“Una locura moral y económica” es como ha catalogado António Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, los esfuerzos de aquellos gobiernos que han optado por invertir en nueva infraestructura para la producción de combustibles fósiles, justo después de que el IPCC urgiera por nuevas alternativas en su último informe.
Mientras el secretario omitía señalar específicos en el tweet con el que reconocía el más reciente aporte del grupo de expertos, en México se celebran los avances de la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, sumado a la reciente adquisición de Deer Park en Texas. Por si fuera poco, también se discute en todos los niveles un proyecto de reforma eléctrica que ha sido criticado por darle la espalda a energías alternativas y limpias, entre otras cosas.
La inversión destinada a la construcción de Dos Bocas y para la adquisición de Deer Park, según cifras oficiales aproximadas, sumada a los constantes trabajos de renovación en las otras seis refinerías con las que ya contaba México, es parte de la búsqueda por la soberanía energética, una de las estrategias en las que más ha insistido la administración de Andrés Manuel López Obrador, traducida en una apuesta por la producción de combustibles fósiles.
Parte esencial de este esfuerzo es la reforma eléctrica propuesta por el presidente. Uno de los puntos más cuestionados de la controversial reforma es la eliminación de los Certificados de Energías Limpias, otorgados a los productores particulares que generen energía a partir de tecnología limpia.
Al respecto, la alianza ‘Va por México’ hizo una propuesta que fue después aceptada por Morena: que los CEL’s pasen de ser nacionales a internacionales, lo que permitiría que las empresas mexicanas puedan acreditar internacionalmente su cumplimiento en materia ambiental.
También se eliminaría el carácter de los CEL’s de certificado financiero, pero se cumpliría con los compromisos y contratos ya establecidos.
Otra punto que se cambiaría en la reforma con respecto a lo propuesto es que se deberá promover la generación distribuida (energía solar) mediante modelos de financiamiento para diferentes tipos de usuarios, elevando el límite de generación distribuida a un megawatt.
Mientras el IPCC y otros referentes esenciales en el estudio del cambio climático celebran la disposición de los gobiernos por crear políticas que motiven la utilización de energías alternativas, México ha optado por seguir un camino solitario con inversión y leyes que se distancian de las tendencias globales.
El compromiso mexicano por reducir sus emisiones
A pesar de que las últimas posturas oficiales parecen darle la espalda a opciones de energía de bajas o cero emisiones, México tiene un compromiso internacional por reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Por su participación en el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, México debe reducir al menos 22 por ciento de sus emisiones para 2030 por medio de sus propios recursos.
De acuerdo con la actualización de su contribución que se debe presentar cada cinco años, México está en ruta para lograr su cometido, después de que en 2020 emitiera 804 millones de toneladas de dióxido de carbono. Sin embargo, continúa en la lista de los 15 países más emisores.
Con información de Héctor Usla