El Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aseguró que los servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México.
“Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus”, constató el Comité.
Durante los hallazgos publicados este martes, el organismo de la ONU hizo un llamado a las autoridades mexicanas para acabar con la impunidad absoluta que impera en el país y pidió que se impulse una política nacional para prevenir estos actos.
“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, aseguró Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del CED.
Según Villa Quintana, los Estados son responsables “cuando organizaciones reciben alguna forma de apoyo por agentes estatales, o cuando existe un patrón conocido de desapariciones de personas y el Estado no adopta medidas necesarias para evitarlas”.
Sin embargo, la presidenta lamentó que no se puede determinar el nivel de involucramiento por parte de las autoridades por la falta de averiguaciones.
Según la ONU, la situación que se vive en México es muy preocupante, ya que se tienen registradas 95 mil 121 personas desaparecidas, de las cuales el 98 por ciento se dieron durante el 2006 y el 2021.
Hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2 y el 6 por ciento, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, puntualizaron.
Villa Quintana resaltó que tan solo en los últimos cinco años, se han presentado ocho mil casos de desaparecidos. Esto a pesar de que la población ha dejado de creer en las autoridades.
En este sentido, el CED instó a las autoridades mexicanas para que se eliminen los obstáculos que impiden que se lleven a cabo persecuciones penales, al igual que se deben atender las desapariciones de migrantes y abordar la crisis forense.
Asimismo, mostraron su preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones. También por las desapariciones de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado.
Finalmente, la presidenta del CED enfatizó que es importante que el gobierno mexicano abandone el enfoque de militarización a la seguridad pública’.
“Al CED le preocupa el enfoque militarizado de la seguridad pública, adoptado por el Estado para combatir la delincuencia, pues ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de los Derechos Humanos”, aseguró.
Esta inquietud es causada por las 162 recomendaciones que ha presentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR).
Villa Quintana enfatizó la importancia de este último rubro, señalando que “es importante que el Estado ponga un peso especial en tener una Guardia Nacional civil, de personal preparado para prevenir y brindar seguridad a los ciudadanos”.