Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, envió a la Cámara de Diputados una propuesta que busca reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La iniciativa del ejecutivo federal está dirigida a Sergio Carlos Gutiérrez Luna, actual presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El objetivo de la reforma es fortalecer la administración pública mediante la concentración, en la Secretaría de la Función Pública (SFP), de la conducción de las Unidades de Administración y Finanzas.
También se pretende el rediseño del funcionamiento de los órganos internos de control para asegurar un adecuado uso de los recursos públicos.
Algunas de las acciones y cambios que se proponen son:
- Transferir la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la SFP respecto a la coordinación de las personas titulares de Unidades de Administración y Finanzas en la administración pública federal. Se exceptúa a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y las empresas productivas del Estado.
- Se tiene el objetivo de facultar a la SFP para nombrar y remover a las personas titulares de las Unidades de Administración y Finanzas.
- Además, se quiere concentrar en la SFP la planeación, establecimiento, conducción y aplicación de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Se facultará a la SFP para participar en negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público.
- La SFP tendrá la facultad de rediseñar la organización y funcionamiento de los órganos internos de control, por sector, materia, especialidad o función.
‘’La ciudadanía tiene derecho a exigir que los recursos económicos de que disponga la federación se administren con eficiencia, eficacia, economía, honestidad, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados’', se argumenta en la iniciativa.
Se explica también que el gobierno de México incorporó el principio de buena administración como eje fundamental de las instituciones públicas.
La iniciativa argumenta también que busca reforzar las acciones en contra de la corrupción y tener una fiscalización eficiente.