María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), fue denunciada penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de tráfico de influencias.
Fueron diputados del PAN quienes presentaron la denuncia a partir de la designación de Elena Roces Dorronsoro, madre de Álvarez-Buylla Roces, como investigadora nacional emérita del Conacyt.
“El nombramiento de la doctora Elena Roces resulta cuestionable, dado que es la madre de la titular de Conacyt, la C. María Elena Álvarez-Buylla Roces quien, desde nuestra perspectiva, tuvo injerencia en dicho nombramiento, ejerciendo tráfico de influencias y corrupción”, dice la denuncia.
En su escrito, presentado ayer en la oficina del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, los congresistas señalaron que la funcionaria es presunta responsable también de abuso de autoridad y corrupción, por lo que pidieron a la FGR integre el expediente y aplique la sanción correspondiente.
Los panistas mencionaron que el Consejo General del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) aprobó otorgar la distinción a pesar de que Elena Roces no cumple con los requisitos legales.
Explicaron que el artículo 29 del reglamento del SNI refiere que, para ser investigador nivel tres, se necesitan por lo menos 400 citas en la base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas.
Según las pruebas presentadas por los diputados panistas, Elena Roces, académica de la Universidad de Colima, sólo cuenta con cinco citas, una cifra muy por debajo de lo requerido.
Advirtieron que, a raíz de su nombramiento, Elena Roces recibirá 456 mil pesos anuales de forma vitalicia.
Para los diputados denunciantes, María Álvarez-Buylla tuvo injerencia en la designación de su madre como investigadora emérita, para lo cual incurrió en tráfico de influencias y corrupción.
Cabe recordar que el 18 de marzo el Conacyt dio a conocer el aviso de resultados 2021 para la designación de personas que se sumarían al SNI. La distinción se entregó a 183 personas investigadoras, entre ellas la madre de María Álvarez-Buylla.
Ese aviso, una nota periodística y una consulta en Google Scholar, fueron las pruebas que los legisladores presentaron. La FGR, una vez analizada la denuncia, determinará si es o no procedente la integración del expediente correspondiente.