Los hijos del narcotraficante Rafael Caro Quintero defienden al menos cinco inmuebles en Jalisco, requeridos en procesos de extinción de dominio, derivados de juicios en la Corte del Distrito Este de Nueva York, que ordenó confiscar las propiedades bajo argumento de haber sido obtenidas con ganancias de actividades del crimen organizado.
El caso data desde 2019 y, hasta la fecha, se han emitido medidas cautelares de aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la República, y otras a favor de los hijos del fundador del extinto Cártel de Guadalajara, que interpusieron varios amparos en juzgados de Distrito por la posesión y titularidad de los inmuebles señalados.
La orden de aseguramiento se decretó el 15 de junio de 2021, luego que un Tribunal Unitario revocó la negativa de amparo por un juez federal.
El 30 de junio siguiente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y militares efectuaron diferentes operativos para ejecutar el aseguramiento, autorizados por la autoridad judicial sobre propiedades presuntamente adquiridas con ganancias del narcotráfico. Es el caso de dos residencias, dos departamentos y una bodega dedicada al comercio, cuyos actuales inquilinos son ajenos a los juicios.
Una finca esta ubicada en la calle Paseo de los Virreyes, en la colonia Villa Universitaria; otro inmueble es una bodega del Mercado de Abastos norte, sobre la Avenida Melchor Ocampo.
También se requieren los departamentos con números 8 y 9 en un condominio de la calle Sagitario, en la colonia Residencial Arboledas, de Zapopan; además de una residencia de la calle Luigi Pirandello, en el Fraccionamiento Vallarta Universidad.
Todas las propiedades se ubican en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Así mismo, en los expedientes judiciales se mencionan otros tres domicilios: uno en la calle Circuito Madrigal, y otro en la calle San Gonzalo, en la Colonia Santa Isabel. Un inmueble más se hace referencia sobre el Callejón del Sereno en el fraccionamiento Villa Universidad, en posesión de los familiares implicados, pero no se solicitaron medidas cautelares.
En los requerimientos también se alude a otras propiedades, como el denominado Rancho Gorupo, además de un terreno rústico conocido como El Tigre, y/o la Salitrera.
Los juicios de extinción de dominio están en proceso, y ninguno ha concluido.