Declarar al Tren Maya como obra de Seguridad Nacional no permite que se dejen sin efecto la suspensión definitiva y las provisionales de la construcción del Tramo Cinco, aseguró Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
En entrevista con EL FINANCIERO, Alanís detalló que “estamos en una situación de desacato, y entonces lo que tiene que hacer el juez aquí es determinar que en efecto hay suspensiones definitivas y provisionales y que estas no se pueden violar”.
Por lo tanto, el gobierno federal debería esperar a que el tema sea agotado hasta que el juez levante la suspensión, y mientras esto no suceda, no se puede continuar con las obras en la zona.
Según el experto, este decreto “no puede dejar sin efectos una suspensión de esta naturaleza, porque estarían cometiendo un delito de no acatar la suspensión, y en consecuencia el juez debería dar vista al Ministerio Público” para actuar en consecuencia.
Alanís detalló que en caso de incumplir con la sentencia, la sanción está establecida en el Artículo 262 fracción III de la ley de amparo, que puede ir desde una multa hasta la destitución y deshabilitación de un servidor público.
El ambientalista también resaltó que este caso podría escalar incluso hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que para él es deseable.
“Sería ideal que llegue a la SCJN, y que sean los ministros los que resuelvan en consecuencia. (En la SCJN) hay objetividad, hay imparcialidad, hay certeza jurídica, y eso es lo que estamos buscando”.
Finalmente, el abogado concluyó que “necesitamos en México desarrollo, crecimiento, inversión, creación de empleos, pero que eso se haga respetando la ley ambiental, el capital natural y los derechos humanos”.
Por otro lado, Raziel Villegas, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que esto sentaría un grave precedente.
En entrevista para EL FINANCIERO, el experto en derecho ambiental expuso que “en teoría debería de ser el gobierno federal el primero en respetar la ley, no el primero en violarla.
El académico sostuvo que el gobierno “está tratando de darle la vuelta a la suspensión”, además de que “es un pretexto burdo para no obedecer la suspensión”,
Además, detalló que de continuar las obras se estaría cometiendo al menos dos delitos: el no respetar el mandato judicial al igual que nombrar una obra como parte de la seguridad nacional del país cuando no se cumplen con los requisitos.
Villegas también explicó que el Tren Maya no califica como un elemento que proteja a la nación, ni puede ser aplicado a ningún concepto de la ley de seguridad nacional.
Sin embargo, el jurista lamentó que “tenemos que distinguir entre el mundo del ser y del deber ser, y recordar que el derecho siempre va a hablar del deber ser”.