Con el apoyo de una diputada de Morena, la oposición en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados aprobó como con mayoría un acuerdo para citar a comparecer al fiscal de Justicia de Campeche, Renato Sales Heredia.
A propuesta del PRI, el acuerdo expone la necesidad de que explique el daño a la Hacienda Pública de más de 800 millones pesos, por la desaparición de un sistema de espionaje durante el tiempo en el que Sales fue titular de la Comisión Nacional de Seguridad, en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.
El acuerdo precisa que su presencia es para que aclare y justifique diversos aspectos vinculados a la revisión DM19006 practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La propuesta fue presentada por el diputado del PRI, Hiram Hernández Zetina, a través de un oficio que entregó a la presidencia de la Comisión. Planteó realizar la comparecencia el próximo martes 23 de agosto a las 17 horas, previo formato aprobado por la Junta Directiva de la Comisión.
Al respecto, el presidente de la Comisión, diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, del PRI, explico que el acuerdo se deriva de un proceso de fiscalización a las Cuentas Públicas 2015 al 2019, en las que se determinó un daño al patrimonio de la hacienda pública federal por 807 millones de pesos.
Lo anterior se encuentra fundamentado en lo dispuesto por el artículo 81, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, al señalar que es una atribución de la Comisión de Vigilancia de la ASF analizar la información en materia de fiscalización superior de la Federación, de contabilidad y de auditorías gubernamentales y de rendición de cuentas, y podrá solicitar la comparecencia de servidores públicos vinculados con los resultados de la fiscalización, explicó.
Aseguró que su grupo parlamentario está a favor de la fiscalización, lo que queremos es que haya transparencia y rendición de cuentas. “No nos oponemos, de ninguna manera, a la fiscalización; todo lo contrario. Todos los servidores públicos que han utilizado recursos públicos deben ser plenamente auditados”.
De lo que estamos en contra, es que se utilicen mecanismos jurisdiccionales para perseguir políticos, que detrimento el marco constitucional, donde “se judicializa la política y politiza la justicia”; entonces no se está persiguiendo hacer justicia, sino se persigue a los adversarios políticos”, precisó.
“México atraviesa por una situación de corrupción muy grave y desde esta Comisión de Vigilancia siempre estaremos atentos de que se combata este fenómeno y que los servidores públicos que hayan hecho un daño patrimonial tengan consecuencias”, sostuvo.
Al respecto, el diputado Hernández Zetina afirmó que la justicia no debe ser selectiva. El combate a la corrupción debe ser frontal, la Comisión de Vigilancia debe investigar por igual a todos los funcionarios que han incurrido o que tienen presuntos actos de corrupción, “sin importar el color y sin distinción partidista” y debe abanderarse por todos los integrantes de la Cámara de Diputados.
En este caso, dijo, por el presunto robo de un equipo de espionaje y en consecuencia de la citada denuncia presentada por la ASF el 11 de mayo del presente año. Los integrantes de la Comisión necesitamos conocer el avance en la determinación de las responsabilidades determinadas por la Auditoría o por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es decir las razones por las que se permitió la adquisición de un sistema de espionaje en México, si dicho espionaje era necesario y qué destino se le han dado al Software y Hardware.
Los integrantes de la Comisión aprobaron por mayoría la solicitud presentada por el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera (PAN) para que la ASF entregue un informe detallado sobre el organismo público descentralizado denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), durante el periodo 2019-2020.
Asimismo, avaló con 16 votos la petición del diputado del PAN, Iván Arturo Rodríguez Rivera, por la cual propone al pleno de la Comisión la comparecencia de los auditores especiales de Cumplimiento Financiero, de Desempeño, de Seguimiento, Informes e Investigación, de Gasto Federalizado, así como del Auditor Superior de la Federación, relativo al próximo informe general.
También acreditaron con 17 sufragios el acuerdo para solicitar a la ASF un informe sobre las observaciones e irregularidades en el ejercicio del gasto público federalizado, así como las acciones penales y administrativas ejercidas en el estado de Campeche, durante los ejercicios fiscales comprendidos entre el 16 de septiembre de 2015 y el 13 de junio de 2019, presentado por el diputado Miguel Prado de los Santos (Morena).
Con 16 votos se avaló el acuerdo para solicitar un informe detallado a la ASF por los 20 mil 80 millones de pesos que fueron observados en las revisiones de las Cuentas Públicas de 2013 al 2018 en que el ciudadano Manuel Velasco Coello se desempeñó como gobernador de Chiapas.
Además, para que lleve a cabo una auditoría a los hechos relacionados con la Estafa Verde, presentada por el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI).
Con antelación, el diputado Angulo Briceño dio cuenta de un escrito de denuncia por parte de la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (PAN), en materia de un posible manejo indebido de recursos públicos con relación a la suspensión temporal del sistema CompraNet del Gobierno federal.
Asimismo, del escrito de denuncia por parte del diputado Rodríguez Rivera, en materia de falta de transparencia en contrataciones públicas del Gobierno Federal.
Destacó que los escritos de denuncia han sido remitidos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en términos del artículo 59 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Participación de las y los diputados
La diputada Adela Ramos Juárez (Morena) informó que en aras de preservar sus derechos y no sean violentados, solicitó a la presidencia ratificar que sigue siendo integrante, en función del artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General. “Procederé por violencia en razón de género”, anunció.
Argumentó que la Jucopo no tiene atribuciones para remover a ningún diputado de las comisiones a las que pertenezca, a menos que éste lo solicite, y como es el caso, ningún acuerdo u oficio tiene alcance ni validez alguno. “Es una acción de represalia”, dijo.
Del PRI, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante sostuvo que en su grupo parlamentario “siempre estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, pero contra la persecución. Afirmó que no tienen inconveniente en someter a votación ningún punto del orden del día, sí alzarán la voz de manera firme en contra de la persecución política que intentan en detrimento de la democracia y Estado de derecho”.
El diputado Azael Santiago Chepi (Morena) pidió verificar las votaciones y el quorum de la sesión de la Comisión. “No existe la legitimidad”, ya no se le engaña al pueblo. Denunció que estas sesiones son tramposas carentes de legitimidad, al señalar que procederán conforme a la Constitución y “veremos pronto en la cárcel a funcionarios del pasado entreguistas, corruptos y traidores”.
Del PRD. Marcelino Castañeda Navarrete precisó que la obligación de las y los integrantes es asistir a las sesiones para desahogar los asuntos. Celebró las acciones para la rendición de cuentas. El combate a la corrupción debe llevar al consenso a todos y todos los legisladores. Llamó a la congruencia para jamás solapar la corrupción venga de donde venga, tampoco permitir una revisión selectiva y que se juzgue a las personas antes de determinar su culpabilidad.
Previamente, el diputado Rodríguez Rivera solicitó que los puntos del quinto al décimo octavo del orden del día, en pro de la eficiencia y economía legislativa, se turnen por oficio a las y los integrantes, sin necesidad de acuerdo, lo cual se aprobó por mayoría en votación económica.
Lo anterior, en virtud de que dichos asuntos se refieren a informes de los que tienen conocimiento las y los legisladores, mismos que fueron entregados y remitidos oportunamente por la Unidad de Evaluación y Control en cumplimiento al programa de trabajo.