La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía infiltrado dentro de la Normal Rural ‘Isidro Burgos’ al soldado Julio César López Patolzin, quien realizaba informes para los militares sobre las movilizaciones de los estudiantes de Ayotzinapa e incluso los mantuvo al tanto de los preparativos de la marcha del 2 de octubre.
Así lo dio a conocer Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, en conferencia de prensa, donde reveló que el militar era el responsable de informar a la Sedena de lo que acontecía en las asambleas de la Normal.
Este soldado López Patolzin, estaba bajo el mando del teniente de Infantería, Marcos Macía Barbosa, del 27 Batallón. Su último reporte fue a las 10 de la mañana, del 26 de septiembre, y desapareció, junto con los otros estudiantes, “sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda”, como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos.
Ante esto, autoridades federales reiteraron que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado López Patolzin, lo cual era su obligación.
De haberse aplicado el protocolo, dijo Encinas, hubiera permitido no solamente proteger la integridad y hallar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes de Ayotzinapa.
Por esta razón, la Comisión para la Verdad concluyó que todas las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informadas de la toma de camiones, del traslado de estudiantes a Iguala, de su llegada a Rancho del Cura y a la caseta de Iguala.
También de su arribo a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto las víctimas, lo cual “las autoridades acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente, con la información que disponían, se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes”.
Alejandro Encinas enfatizó que la responsabilidad de los hechos recae directamente en el teniente Barbosa, quien tendrá que rendir cuentas de su omisión, ya que el Ejército fue partícipe de la desaparición de los jóvenes.
A las 22:45 horas, del 26 de septiembre de 2014, tras la tortura y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.