La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá hoy la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
Dentro de su proyecto, el ministro Luis María Aguilar propone rechazar la validez de esta figura al considerar que va en contra de la presunción de inocencia, ya que limita la libertad personal de los acusados sin haber sido encontrados culpables previamente.
El ministro expuso que “las afectaciones a este derecho solamente pueden darse de manera excepcional mediante el cumplimiento de las normas constitucionales y un juicio que cumpla con el debido proceso”.
Aguilar Morales resaltó que esta medida debe ser excepcional, y únicamente debe ser utilizada cuando se ponga en riesgo la investigación, la vida de las víctimas o se trate de un delito doloso.
Además, expresó su preocupación al señalar que hay una cantidad “alarmante” de personas que están en prisión sin una condena previa, debido a la aplicación de esta medida cautelar.
“Actualmente existe una población de 226 mil 916 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios. (...) 92 mil 595, equivalente a 40.8 por ciento, se encuentran bajo proceso penal en prisión preventiva, esto es, sin tener una condena”, señala el documento.
Por esto, el proyecto propone declarar como inconstitucional la figura, ya que “cuando la procedencia de la prisión preventiva es oficiosa, como en el caso mexicano, los efectos nocivos de la reclusión se traducen en penas anticipadas, desproporcionadas y arbitrarias”.
Organizaciones como la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han mostrado profundamente en contra de esta figura, ya que aseguran que se violan los derechos de los presos.
La BMA pidió a la SCJN que la declare inconstitucional ya que, según la presidenta, Claudia Elena de Buen Unna, esta figura va en contra de normas internacionales en materia de derechos humanos.
“La prisión preventiva oficiosa es utilizada por el Estado mexicano para privar de su libertad a personas sujetas a un proceso penal, sin haber sido juzgados y sentenciados, basándose únicamente en la gravedad del delito materia de la imputación”, señaló De Buen.
Asimismo, la CIDH pidió a México eliminar esta figura, al exponer que ésta “faculta la detención basada en la gravedad del delito y la presunta responsabilidad de la persona es inconvencional, pues implica una detención arbitraria, contraria a la presunción de inocencia”.
Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de esta medida y llamó a los ministros a mantenerla.
Según el Presidente, eliminarla podría significar “la pérdida de vidas humanas; no sólo de quienes son víctimas que pertenecen a la sociedad civil, sino también de elementos de la policía, Ejército, de quienes se atreven a actuar con rectitud”.
Además, señaló que “(su eliminación) es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, que no se olvide, delincuentes de cuello blanco”.
En este sentido, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, consideró que la eliminación de esta figura va en contra del fortalecimiento jurídico y político del proyecto de seguridad del Presidente.
“Si este proyecto llegara a declararse viable por la mayoría de los ministros, estaría terminado con toda la estrategia de seguridad de este país, y eso no lo merecen los mexicanos”, puntualizó López Hernández.