Autoridades del gobierno de Morelos, que encabeza Cuauhtémoc Blanco, podrían estar detrás de un esquema de falsificación de documentos usados para encarcelar a funcionarios de gobiernos pasados.
El 9 de septiembre un juez ordenó el inicio de una investigación por fraude procesal, luego de que detectó que autoridades locales presentaron papeles apócrifos para sustentar la causa penal JC/324/2019.
El citado expediente está relacionado con una denuncia penal iniciada contra Patricia Izquierdo, secretaria de Obras de Morelos en la administración de Graco Ramírez.
La mujer fue encarcelada, acusada de adjudicar directamente un contrato para la “demolición y construcción del edificio U1-C en la Escuela de Estudios Superiores, en Jojutla, Morelos”, afectado por el sismo de 2017.
El abogado de Izquierdo Medina, Juan Manuel Vida, acusa de la falsificación al secretario de Gobierno, Samuel Sotelo, y personal de la Secretaría de Obras del estado.
Con documentos en mano, señaló que fueron estas autoridades las que hicieron una imputación contra Izquierdo Medina, la cual, se demostró, se busca sustentar en dos documentos en los que se falsificaron las firmas.
Uno de ellos, la minuta de la sesión extraordinaria del Comité de Obra Pública y Servicios, realizada en 13 de diciembre de 2017, en el que se autorizó adjudicación.
Señaló que en el juicio se presentó un documento alterado, al cual se le suprimió la justificación que da validez del contrato y se falsificaron las firmas. El litigante explicó que hay peritajes en los que se demuestra que las firmas de los participantes en la sesión, entre ellos Patricia Izquierdo, se digitalizaron y luego se plasmaron en los documentos.
Refirió que desde 2020 se supo de esta situación anómala y nadie hizo nada. Admitió que será difícil demostrar quién falsificó los documentos, “lo que sí se puede acreditar es que funcionarios de la actual administración sabían de ello y siguieron con la farsa”.
Consideró que esta imputación es apenas una de 65 que se buscan generar, cinco de las cuales sí son de cuidado porque en ellas se imputan delitos graves con el fin de que las autoridades de la pasada administración queden presas.
“Este asunto es político, porque parte de su promesa de campaña fue meter a la cárcel al exgobernador Graco Ramírez y a todo su gabinete, y al día de hoy a la única persona que había logrado mantener en prisión es a Patricia Izquierdo, pero lo hizo con base en documentos falsos, por lo que el juez ordenó su libertad, pero ellos insisten en meterla a la cárcel a ella y otros exfuncionarios”, dijo el abogado a El Financiero.