Por unanimidad, los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordaron ayer suspender el proceso de selección de los cuatro nuevos consejeros electorales del INE, y atender la orden y sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, de Morena, informó que, debido a que el ordenamiento de los magistrados de modificar los términos de la convocatoria va dirigido al pleno de la Cámara baja, a la Mesa Directiva, éste se atenderá hasta a partir del 1 de febrero, que es cuando se inician los trabajos del periodo ordinario de sesiones.
Lo anterior significa –explicó– que “se suspende totalmente el procedimiento hasta que el pleno se pronuncie”, por lo que no se podrán registrar los aspirantes a partir del 9 de enero, como se tenía previsto. También se acordó que no se convocará a un periodo extraordinario.
Precisó que con ello “quedan suspendidas todas las etapas consideradas, tanto en la convocatoria como el proceso de integración del comité técnico de evaluación”. “Como dicen los abogados, se queda sub iudice, queda en suspenso”.
Explicó también que en la Cámara de Diputados “vamos a acatar la sentencia del tribunal, pero la sentencia ordena al pleno de la cámara, no a la Jucopo; entonces no podemos nosotros tomar atribuciones que le corresponden al pleno”. “La Jucopo es el órgano superior de gobierno que tiene la cámara, pero la representación legal la tiene la Mesa Directiva”.
No obstante, adelantó que para evitar más “violaciones sistemáticas” en el futuro e “intromisiones” de los magistrados en las tareas del Poder Legislativo, “vamos a iniciar un ruta jurídica” que “le ponga un límite al tribunal. Consideramos que el Tribunal Federal Electoral hizo acciones que constituyen una violación sistemática a la Constitución y una violación e intromisión al Poder Legislativo”.
Por ello, “se instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos a que presente una ruta jurídica, que puede ser desde el amparo indirecto, la controversia constitucional ante la Suprema Corte y, en el caso de encontrar otro tipo de delitos de orden penal, podríamos también recurrir a la judicatura federal para sanciones de carácter administrativo y, en su caso, hasta juicio político a los magistrados”, advirtió.