WASHINGTON, D.C.- Los fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos pidieron a una corte federal que emita una medida cautelar que congele un programa humanitario que concede un permiso migratorio a ciudadanos de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba.
En un documento judicial, los estados demandantes piden a un juez en Texas que pause el programa como medida cautelar mientras la Corte decide sobre el caso.
A finales de enero, los fiscales solicitaron a la Corte que se dé fin al programa que permite a migrantes de cuatro países de Latinoamérica soliciten un permiso para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Argumentan que la decisión del gobierno de Joe Biden de dar luz verde al programa humanitario fue “arbitraria y caprichosa”.
Aseguran que el programa, que tiene un límite máximo de 30 mil permisos humanitario al mes, supone un gasto de millones de dólares para los estados que tienen que proveer de “servicios a los migrantes”.
La demanda está suscrita por los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, entre otros, y está dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y su titular, Alejandro Mayorkas, así como las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular la migración.
Mayorkas ha defendido el programa, al señalar que ha reducido 90 por ciento los cruces irregulares en la frontera y tachó la demanda de incomprensible.
La Casa Blanca anunció la creación del alivio migratorio para venezolanos en octubre, en medio de un incremento en la llegada de personas de este país, sumido en una crisis política y económica, a la frontera sur con México.
A principios de este año anunció que extendería el Permiso Humanitario o de Beneficio Público Significativo (Parole) para incluir a personas de Haití, Nicaragua y Cuba.
En enero, unas 11 mil personas de estas cuatro nacionalidades entraron a Estados Unidos bajo este programa, según datos de DHS.
Paralelo a los beneficios migratorios, el gobierno de Biden ha implementado una política de devoluciones inmediatas, por medio de una normativa sanitaria conocida como Título 42, que permite a las autoridades migratorias expulsar a México a los ciudadanos de estos países sin darles oportunidad de pedir asilo.