Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, presumió este jueves los aretes de oro que portaba, los cuales tienen grabada la imagen de la caricatura del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Me los regalaron… Hay muchas compañeras que traen, ¿apoco no están bonitos?”, comentó a medios de comunicación previo a la conmemoración del Aniversario Luctuoso de Francisco I. Madero realizada en el Patio Central de Palacio Nacional.
“Nada más vine aquí de presumida, ¿ya los vio? Es la moda, porque si los prohíben pues más”, dijo entre risas ante las cámaras.
Lo anterior, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prohibió el uso de la imagen caricaturizada del Presidente en campañas, pues viola el principio de neutralidad y equidad en la contienda.
Lo anterior, en atención a una queja que ingresó el diputado Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano.
Ante la decisión, los morenistas han retado a la autoridad electoral mostrando sus pejeluches o amlitos en cualquier evento.
Recientemente, se dio a conocer que la joyería HH Jewellers, de Jalisco, oferta un dije en forma de amlito, de 14 quilates y 13 centímetros, en 100 mil pesos.
¿Por qué la caricatura de AMLO viola la ley electoral?
El magistrado José Luis Vargas, ponente del caso, propuso revocar la sanción pues argumentó que la Constitución no impide el uso de imágenes en formato de caricatura para quienes ocupan un cargo público.
No obstante, el resto de los magistrados (con la ausencia de Mónica Soto y Felipe Fuentes) votó en contra al estimar que sí hay base constitucional y legal para sancionar la propaganda denunciada.
Consideraron que el uso de la caricatura de un servidor público de la más alta investidura que no contiende electoralmente contraviene la ley. Asimismo, se señaló que la propaganda política-electoral está limitada a promover las candidaturas, sus propuestas, así como al ideario y plataforma de los partidos, pero no para capitalizar la imagen de un servidor público.
Señalaron que el uso de la imagen que identifique a un servidor público en la propaganda política-electoral, máxime si se trata del titular del Ejecutivo, para posicionarse o para hacer un llamado al voto, no está permitido y no puede ampararse en modo alguno en el ejercicio de una libertad de expresión, como lo planteaba el partido político.