Cuatro elementos del Ejército mexicano fueron vinculados a proceso por desobediencia y delito del fuero militar por los hechos del domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los que cinco jóvenes fueron abatidos por militares.
Autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijeron que se trata de cuatro cabos de Caballería, quienes fungían como artilleros en una de cuatro camionetas militares que persiguieron a la Pick Up donde viajaban las víctimas.
Las autoridades explicaron que los militares detenidos y sus compañeros que participaron en la acción del domingo están a disposición de lo que resuelva la Fiscalía General de la República (FGR) quien también investiga el caso.
La FGR integra la carpeta de investigación para establecer si hay o no una responsabilidad penal, del fuero civil federal, por parte de los militares. En especial se busca establecer si hubo o no una ilegalidad a la hora de disparar sus armas.
Para ello recaba entrevistas, incluso con los militares, además de que se realizan acciones periciales para establecer cómo ocurrieron los hechos y la actuación de cada militar.
En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que también hay una investigación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual intervino a petición del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.
El mandatario agregó que en su gobierno no hay impunidad para nadie y que no se permitirá la violación de los derechos humanos, por lo que pidió profundizar en la investigación del caso.
“Incluso ya se está procediendo de acuerdo a la disciplina militar, en el caso del reglamento que tiene que ver con el uso de la fuerza, que tiene que ver con la disciplina militar. Ya la misma Secretaría de la Defensa está actuando. La Fiscalía tiene que llevar a cabo la investigación completa”.
Asimismo, aclarar que, “aunque se trata de supuestos sicarios, no se debe permitir la ejecución de nadie, ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente o remátalos, no, eso no”.
Según la versión de los militares que participaron en los hechos, fueron solo cuatro los elementos quienes dispararon contra los jóvenes y lo hicieron sin que su mando, un Capitán Segundo de Caballería, lo ordenara.
Según el Capítulo III, artículos 301 al 304, del Código de Justicia militar, la desobediencia podría ser sancionada con prisión de nueve meses y hasta 30 años, según la circunstancia y gravedad de cada caso y si se cometió en servicio o fuera de él.