2022 fue considerado como el año más violento para los periodistas, al reportar 696 ataques contra la prensa, señaló Artículo 19, en su informe anual Voces contra la Indiferencia, presentado este miércoles 28 de marzo.
Desde que la organización inició el registro de agresiones, en 2007, los 12 asesinatos reportados el año pasado también sellaron el año más letal para la prensa junto con 2017.
Las agresiones contra periodistas alcanzan una frecuencia de una cada 13 horas, donde la mayoría son cometidas por autoridades. De los casos documentados, el 42.53 por ciento fueron perpetrados directamente por actores del Estado, expuso Artículo 19.
Las cinco entidades federativas con más casos de ataques contra la prensa en 2022 fueron la Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.
El informe de la organización reveló que, a lo largo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los ataques contra la prensa han constado, mayoritariamente, de amenazas, intimidación y acoso. Además, registró que, en el último año, en al menos 176 ocasiones el Ejecutivo hizo comentarios estigmatizantes a medios de comunicación, periodistas e, incluso, organizaciones de la sociedad civil.
Crímenes contra periodistas sin respuestas
De acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), desde 2010, año de su creación, hasta diciembre de 2022, de un total de mil 592 indagatorias por crímenes contra periodistas, solo se han obtenido 32 sentencias.
“Durante 2022, la mayor parte de las designaciones de titulares de diversos organismos públicos quedó pendiente. El año cerró con 23 procesos inconclusos, de cara a este año existe un acumulado de 16 procesos pendientes, incluidos los del Instituto Nacional Electoral (INE) o los del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)”, remarcó el informe.
Preocupa militarización del país
El informe remarcó las preocupaciones que existen en el marco de la militarización del país y la opacidad que ronda a las fuerzas armadas, particularmente respecto al las acciones de espionaje como herramienta de intimidación y amenaza en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, reveladas en meses pasados por grupos ‘hacktivistas’.
Además, la organización señaló que el hackeo a la Sedena se ha utilizado como pretexto para impulsar leyes de ciberseguridad restrictivas de los derechos humanos y que van en contra de la libertad de expresión.