Los 22 gobernadores de Morena y el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revertir la “arbitraria decisión” del ministro Javier Laynez Potisek de admitir la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y suspender los efectos del plan B en materia electoral.
En un posicionamiento conjunto, consideraron que la determinación del ministro es “inconstitucional por donde se le vea”, ya que la Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y, de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales.
Además, agregaron, violenta el equilibrio de poderes, en la medida en que uno solo de los ministros suprimen “de un plumazo” reformas de la representación popular legítima depositada en el Poder Legislativo, por lo que “la transformación” no podrá ser detenida mediante “maniobras tramposas y de dudosa legalidad para beneficiar a la oligarquía”.
“La arbitraria decisión del ministro Laynez Potisek debe ser revertida por el pleno de la SCJN, tal como lo ha solicitado el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento”, expresaron.
De acuerdo con los gobernadores morenistas, las reformas suspendidas no ponen en riesgo de manera alguna los procesos electorales o el funcionamiento del INE, ya que su propósito es garantizar una “auténtica democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen”.
Consideraron que esta decisión tiene el interés de “obstaculizarla transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular, preservar los costos de poder de élites, tecnocracia y burocracias, impedir la aplicación de la austeridad republicana en el instituto electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables”.
La víspera, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República promovió ante la Corte un recurso para revertir el fallo “inaudito” del ministro Laynez Potisek de admitir la demanda presentada por el INE y suspender los efectos del plan B en materia electoral.