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Fidecine ‘no se va’: Corte rechaza proyecto que desaparecía al fideicomiso

El asunto ya fue encargado al ministro Alberto Pérez Dayán, quien deberá presentar un nuevo proyecto sobre Fidecine.

La desaparición de Fidecine fue aprobada en 2020, junto con otros 374 fideicomisos dedicados a diversos asuntos.

Por mayoría de tres votos, los ministros que conforman la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desecharon la propuesta con la que la ministra Loretta Ortiz Ahlf buscaba rechazar un amparo en contra de la desaparición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine).

La ministra había sostenido que la supresión de este fondo era constitucionalmente válida, además de mencionar que las reglas sobre este fideicomiso señalaban que estos incentivos son facultad del Estado, por lo que tiene la facultad de desaparecerlos.

Sin embargo, únicamente Yasmín Esquivel estuvo de acuerdo con esta propuesta, mientras que los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez y Luis María Aguilar votaron en contra.

Después de que la propuesta fue desechada, el asunto fue encargado al ministro Pérez Dayán, quien deberá presentar un nuevo proyecto sobre este caso.


El juzgador también deberá definir las consecuencias que tendrá en caso de apoyar o rechazar la desaparición del fondo.

Antes, representantes de la industria como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, habían pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no validara la desaparición de Fidecine.

A través de un documento, los cineastas expresaron que “el Fidecine fue un triunfo histórico de la comunidad cinematográfica y fruto de una lucha contra la censura y el verticalismo de las autoridades gubernamentales del sector”.

Las quejas fueron escuchadas por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, el cual se comprometió a mantener el fideicomiso de apoyo al cine.

Sin embargo, su desaparición fue aprobada en 2020, junto con otros 374 fideicomisos dedicados a diversos asuntos. Según argumentó el Senado de la República en ese entonces, uno de los objetivos era ordenar su funcionamiento mientras que el monto recuperado se reasignaría a atender los efectos de la pandemia, temas de salud y economía, además de garantizar la continuidad de los programas sociales del Bienestar.

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