La actual administración apuesta por la captura de autoridades y militares para resolver el caso Ayotzinapa. A la vez, crece el número de libertades otorgadas a quienes habrían desaparecido y matado a los 43 normalistas; incluso, algunos son testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR).
El martes pasado, Raquel Ivette Duarte, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, libró 16 nuevas órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR contra militares, ocho de los cuales ya fueron detenidos y, al cierre de la edición, aún no se definía su situación jurídica.
La FGR los imputó por delincuencia organizada y desaparición forzada de los 43 normalistas. La defensa adelantó que solicitó la duplicidad del término constitucional, y será el martes próximo cuando se defina si quedan libres o presos.
Junto con los militares también está preso el extitular de la PGR (hoy FGR) Jesús Murillo Karam, detenido en agosto de 2022 y quien está sujeto a proceso penal por desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia por el caso. La FGR pide en su contra una sentencia de prisión de 82 años.
Además, cuenta con cerca de 50 órdenes de aprehensión contra autoridades administrativas y judiciales de Guerrero; policías de Iguala, Huitzuco y Cocula, así como policías estatales.
Por el contrario, la dependencia federal no ha sido capaz de sustentar las acusaciones contra quienes, se ha dicho, son los directamente relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La derrota más reciente para la FGR es la que le propinó José Luis Abarca, quien en las investigaciones se le señaló como uno de los principales responsables. El exalcalde de Iguala fue exonerado, pero no está libre porque se la acusó de otro homicidio.
Miembros de Guerreros Unidos también han sido liberados por haber sido sometidos a tortura. Algunos se convirtieron en testigos colaboradores de la FGR.
Uno de los testigos colaboradores es Gildardo López Astudillo, el Cabo o el Gil, uno de los líderes del grupo criminal y quien usa el nombre protegido Juan.
Otros liberados son Patricio Reyes, el Pato, señalado como ejecutor de los jóvenes; Felipe Rodríguez, el Cepillo; Salvador Reza, el Wereke; Agustín García, el Chereje, y Miguel Ángel Landa, el Chequel.