Sí es necesario revisar los salarios y los privilegios que tienen ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), apuntó este martes Hugo Concha Cantú, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
No obstante, advirtió que “no conviene incluir al Poder Judicial en una competencia electoral, como se propone, porque se pone en riesgo la imparcialidad de la impartición de justicia”, sostuvo en una confrontación entre juristas en el IV Conversatorio sobre la Reforma al Poder Judicial que propone Morena.
Al dar su postura, en carácter de académico, Concha Cantú apuntó que, aunque la democracia participativa directa es fundamental, “no toda la estructura institucional debe estar en el espacio de la competencia política, ya que no siempre deben ser espacios ganados por mayorías, aunque no significa que deben estar selladas o cerradas”.
“No es que estén alejados de la democracia, se buscan mecanismos de participación indirecta; con eso se asegura el origen democrático y se evita que entren a la competencia electoral”, agregó.
Aclaró que “no se debe limitar a los jueces ni perseguirlos, sino mejorarlos, fortalecerlos, crear mecanismos de responsabilidad cuando fallan, pero ante todo que sean confiables y brinden seguridad de parte de la ley”. Resaltó que “es necesario evitar el corporativismo judicial con intereses específicos, y que la sociedad presente candidaturas, con requisitos específicos y más perfeccionados que los que actualmente presente la Constitución, con lo que se podría lograr otra cosa”.
Antonio Cortés, juez del Sistema Nacional Acusatorio de la CDMX, planteó que las convocatorias para los cargos de ministros, magistrados y jueces deben ser abiertas y públicas y no quedarse en lo que algunos académicos han llamado el “poder familiar de la federación”, por prevalecer el nepotismo y la creación de servidores públicos “intocables” en el Poder Judicial.
“El caso Medina Mora es ilustrativo de lo que no debe existir”, resaltó. Planteó que se debe permitir “el ingreso de abogados con preparación, capacitación y experiencia”.
Estimó que se debe acotar el nombramiento de los ministros que actualmente es de 15 años y reducirse el tiempo de su cargo y al concluir ese periodo sean sometidos a la revisión de su actuación. “Me parece que esto impactaría trascendentemente en la transparencia del Poder Judicial, en la revisión y rendición de cuentas”.
Javier Hurtado, académico de la Universidad de Guadalajara, consideró que se debe “terminar, de una vez por todas, con este poder sin control, acabar con los mitos construidos alrededor del Poder Judicial, acabar con la corporativización que se ha creado, porque el Judicial agrupa, controla, representa y obedece a los despachos y notarías más importantes del país, a los bancos, al SAT, a las procuradurías estatales y antes hasta la histórica CTM del PRI y el Ejército habían puesto ministros en la Suprema Corte”.
Hurtado planteó que este poder no puede ser un órgano sin control que anule leyes aprobadas en el Congreso de la Unión. “Nadie les cuestiona o les anula sus sentencias que violan el procedimiento constitucional y los derechos humanos.
Por ello, consideró que sí se podría elegir a los ministros por voto ciudadano o, en su caso, comenzar por un modelo más transparente para su designación, como se hace con los consejeros electorales del INE, a través de quintetas insaculadas en el Senado y con estrictos requisitos de imparcialidad, evaluación, exámenes y ensayos.