El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la responsabilidad de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por violencia política en razón de género en contra de diputadas y ex diputadas del PRI.
Por ello, validó la orden de incluir a la funcionaria en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, cuyo plazo aún está por definirse.
Asimismo, se aprobó la vista que se ordenó al Congreso de Campeche, al Tribunal Federal de Justicia y a la Secretaría de Gobernación, para que impongan en la medida de sus atribuciones la sanción correspondiente.
La decisión se tomó al resolver 14 recursos de revisión del Procedimiento Especial Sancionador contra la decisión de la Sala Regional Especialidad que acreditó la existencia de violencia política en razón de género en materia electoral.
Ello con relación a los dichos de Sansores en el capítulo 32 del programa Martes del Jaguar, difundido el 5 de julio de 2022, en el que la funcionaria dijo públicamente tener fotografías que legisladoras del PRI habrían enviado al líder nacional de su partido, Alejandro Moreno, algunas de ellas desnudas.
“Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, dijo.
La Sala Regional Especializada ordenó a Sansores medidas de reparación del daño, consistentes, entre otras cosas, en eliminar publicaciones de los medios de difusión del gobierno, incluyendo redes sociales, abstenerse de referirse otra vez al tema, y emitir una disculpa pública.
Y en una sesión posterior, realizada en su sesión del 30 de mayo pasado, impuso, además, medidas complementarias de reparación consistentes en publicar la sentencia en los medios de difusión del gobierno, incluidas las redes sociales; y publicar en dichos medios la disculpa pública; así como tomar un curso para prevenir la violencia política en razón de género.
No obstante, este miércoles, la mayoría de los cuatro magistrados de la Sala Superior asistentes en la sesión pública, revocaron las medidas complementarias, pues consideraron que con ellas se estaba juzgado dos veces la gobernadora por los mismos hechos, pues con antelación ya se le había impuesto una sanción.
El caso se devolvió a la Sala Regional para que, exclusivamente, fije la temporalidad que Sansores debe permanecer en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.