Un tope de gastos por 34 millones de pesos, no usar tiempos de radio y televisión, no dejar el cargo y prohibir la opinión de servidores públicos son los principales lineamientos que perfiló el Instituto Nacional Electoral (INE) para regular los procesos internos de los partidos, y que al cierre de la edición serían aprobados.
De acuerdo con las reglas fijadas ayer, los políticos serían ubicados como personas inscritas, y deberían identificarse según el proceso interno de su partido. De ser servidores públicos, no estarán obligados a renunciar a su cargo.
Las personas inscritas en procesos políticos no podrían tener accesos a tiempos de radio y televisión.
Durante la sesión de ayer, la consejera Claudia Zavala reprochó que los políticos hayan iniciado “actos de defraudar la ley o el consenso social que se puso en 2017 para atajar la inequidad”.
Eurípides Flores, representante suplente de Morena, reprochó que los lineamientos quedaron “ni mandados a hacer”, pues permiten a Santiago Creel y Xóchitl Gálvez seguir en sus cargos.
Las personas inscritas podrían hacer aportaciones para sus propias actividades por un monto máximo de 2 millones 148 mil pesos y los simpatizantes por 537 mil 41.
Sin embargo, las actividades de las personas inscritas no podrán superar los 34 millones 370 mil pesos.
Se entenderán como gastos vinculados a las personas inscritas la propaganda utilitaria, en medios impresos, cine, internet y redes sociales y la exhibida en vía pública; gastos de hospedaje, viáticos, logística y salarios de personal.
La propaganda no deberá contener llamados a voto, propuestas, mensajes alusivos a la continuidad de programas o planes de gobierno ni propuestas. Debe identificarse el partido y en calidad de qué se promueve la persona.
Ésta deberá retirarse en un plazo no mayor a siete días una vez concluido el proceso político. De no hacerse, será eliminada por parte del INE.
Toda encuesta que se realice sobre un proceso político debería ser reportada al INE; si son realizadas por las personas inscritas o partidos se tomarán como parte del gasto ordinario.
Los funcionarios tendrían prohibido emitir comentarios a favor ni en contra de las personas inscritas, y sólo podrán asistir a los eventos en días inhábiles; los diputados federales sí podrán hacerlo en días hábiles.
Las reglas se establecieron un mes después de que iniciaron actividad que podría considerarse proselitista, en acatamiento a una orden del Tribunal Electoral.