La nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, arremetió contra el Poder Judicial y dijo que la Suprema Corte debe “respetar” las leyes aprobadas por la mayoría legislativa que ha sido electa por el pueblo.
Al acudir con la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador al informe de labores del presidente de Senado de la República, Alejandro Armenta, de Morena, y en medio de las diversas reformas impugnadas y frenadas por los ministros, la funcionaria federal expuso en su discurso que “las leyes aquí aprobadas deben ser respetadas y protegidas por ser aprobadas por una mayoría electa por el pueblo de México”.
Pidió que “entre poderes debe haber independencia y respeto y que ningún poder puede estar por encima de otro, que la visión o prejuicio de una sola persona que no fue electa no puede imponerse a la de millones aquí representados”.
Consideró que “la vía democrática es la única vía posible para lograr que nuestro marco legal refleje la sociedad a la que aspiramos”.
Luisa María Alcalde, titular de la SEGOB, insisten en que las leyes aprobadas por el Congreso no pueden ser tocadas por el Poder Judicial, porque no fueron electos, como los legisladores... esta muchacha no entiende que en México hay División de Poderes... por qué no… pic.twitter.com/uiWYMfYq7A
— Kachoman (@kachoman1) August 14, 2023
La ex diputada federal de Morena exclamó que “qué distinto es el Congreso de ahora, del que me tocó vivir a mí hace algunos años, hoy en este Senado tenemos auténticos representantes del pueblo que entienden su papel y su vocación histórica y que se han empeñado en devolver la dignidad al quehacer legislativo”.
Por ello, estimó que “sin la aprobación de todas las iniciativas y reformas (de la 4T), hubiese sido imposible consolidar la transformación que ha echado ya raíces; que conforme avanza el proyecto se hacen más profundas y más difíciles de desterrar”, expresó.
Y señaló, entre algunas de las reformas aprobadas, que “gracias al trabajo legislativo se aprobó la ley de extinción de dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado por los políticos que hicieron de la corrupción un modo de vida. Hoy esa corrupción es considerada delito grave por la ley, cuando antes no constaba ni siquiera en el Código Penal, terminando así con los tiempos en los que el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones parecían prerrogativas oficiales toleradas en las altas esferas de poder”.
También -expuso- “se elevó a ley la máxima juarista de que ‘no puede haber gobierno rico con pueblo pobre’ y el principio de Morelos de moderar la opulencia, a través de la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana y la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que ha permitido terminar con los privilegios de los altos funcionarios y los gastos superfluos del gobierno, aunque todavía existan quienes se han resistido a cumplir con esta norma”.
Además, “gracias a la voluntad de esta Legislatura se logró la reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la devolución de impuestos de grandes contribuyentes, lo que ha significado ingresos para la hacienda pública de más 200 mil millones de pesos al año, muchos de esos recursos hoy destinados a los programas y a las acciones enfocadas en los que menos tienen”.
“El robo de combustible ya es delito grave, lo que ha permitido combatir dicha práctica con mayor eficiencia y poder recuperar más de 270 mil millones de pesos que se iban a través de esta vía. Gracias al trabajo legislativo se eliminó el fuero presidencial para que el jefe del Ejecutivo pueda ser juzgado en funciones como cualquier otro ciudadano por cualquier delito. Se ha fortalecido la democracia participativa con la revocación de mandato y las consultas populares como mecanismos establecidos en la Constitución, además de elevar a delito grave el fraude electoral”, subrayó.