La Fiscalía General de la República (FGR) acusó que el Poder Judicial actuó en favor de Emilio Lozoya, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), al desechar pruebas del caso Odebretch.
Luego de que el 31 de agosto se informara que Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, suspendió el proceso penal contra Emilio Lozoya por el caso agronitrogenados, y que este 23 de septiembre se descartara la admisión de pruebas presentadas por la Fiscalía, la dependencia acusó este domingo 24 de septiembre que los jueces de distrito y magistrados federales “han vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor de Emilio Lozoya”.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía se relacionarían con comprobantes financieros de bancos suizos y transferencias de recursos a empresas offshore, mismas que fueron obtenidas mediante tratados internacionales “que cuentan con nivel constitucional artículo 133 y que se aplican constantemente en acciones de colaboración con otros países”.
El tema de los tratados internacionals fue referido por la Fiscalía debido a que el magistrado Alberto Torres Villanueva dijo que se desechaban dichas pruebas porque supuestamente podrían ir en contra del secreto bancario, y que era necesario que previamente se pidiera una orden judicial.
“Si bien es cierto que esas probanzas se allegaron a través del mecanismo de asistencia jurídica internacional, lo cierto es que la restricción constitucional sobre ese tópico no hace diferencia si tal información se remite de alguna parte del mundo o sólo de nuestro país, por lo que resulta irrelevante del lugar donde provenga”, dijo el juzgador.
“Hace unos cuantos días y de forma ilegal, evidentemente ilegal, violentando el Código Penal Federal, uno de esos mismos Jueces, de esa competencia le otorgó beneficios a Emilio ‘L’ (Lozoya), que artículos expresos de la legislación, le niegan. Cada vez es más evidente la conducta indebida”, reclamó la Fiscalía General de la República.
El caso Odebretch es uno de los que quedan abiertos contra Emilio Lozoya, esto luego de que el 31 de agosto se suspendieran los cargos por el caso agronitrogenados y se permitiera que Lozoya ya no pagara el acuerdo reparatorio de 30 millones de dólares debido a que Alonso Ancira Elizondo, exdueño de Altos Hornos de México (Ahmsa) y también relacionado con el caso, ya realiza un pago de 216 millones de dólares.