La extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) sí afecta a los trabajadores, y limitan las funciones de la judicatura en el país, sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Después de que se aprobara la iniciativa de ley en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que plantea la extinción de 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el PJF, la Corte señaló que esto representa un riesgo para el sistema de justicia.
A través de una tarjeta informativa, el Alto Tribunal sentenció que los fideicomisos están reconocidos en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, además de que representan derechos de los trabajadores del PJF.
“Al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro”, señaló.
En este sentido, la SCJN insistió en que estos derechos no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos.
Además, aclaró que “el personal operativo del PJF, que representa más del 60 por ciento de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos”.
La SCJN aseveró que la desaparición de estos fondos limita la operatividad del PJF y perjudica principalmente a la sociedad mexicana.
Al respecto, el Máximo Tribunal puntualizó que, además de los fideicomisos que cubren obligaciones de carácter laboral, existen otros que atienden necesidades específicas de operación, como es el caso del fideicomiso para el Desarrollo de infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal.
“Los recursos de ese fideicomiso se utilizan para financiar, como su nombre indica, la implementación de obligaciones derivadas de reformas constitucionales y legales como la reforma laboral, así como de la suscripción de tratados internacionales, como es el caso del T-MEC, específicamente, en esa materia”, expuso.
Por esto, la Corte señaló que la extinción de este fondo afecta directamente a la implementación de las reformas y, por lo tanto, a los compromisos del Estado mexicano.
Dentro de su aclaración, la SCJN insistió en que ninguno de los 14 fideicomisos cuenta con recursos que se destinen a pagar alguna prestación para los ministros.
Por el contrario, se cuenta con fondos, como el que busca ayudar a los juzgadores a cubrir gastos vinculados a sus funciones, como es el apoyo para contar con un lugar para donde vivir cuando cambian de ciudad para cumplir con su labor.
Finalmente, la SCJN sentenció que “la información sobre los fidecomisos con los que cuenta el PJF es pública, transparente y consultable por cualquier persona que quiera conocerla”.