La extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) sí afecta a los trabajadores y limita las funciones de la Judicatura en el país, sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Después de que se aprobara la iniciativa de ley en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que plantea la extinción de 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial, la Corte señaló que esto representa un riesgo para el sistema de justicia.
A través de una tarjeta informativa, el alto tribunal sentenció que los fideicomisos están reconocidos en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado , además de que representan derechos de los trabajadores del PJF.
“Al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro”, señaló.
En este sentido, la SCJN insistió en que estos derechos no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos.
Además, aclaró que “el personal operativo del PJF, que representa más de 60 por ciento de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos”.
Por otro lado, la SCJN aseveró que la desaparición de estos fondos limita la operatividad del PJF y perjudica principalmente a la sociedad mexicana.
Al respecto, el máximo tribunal puntualizó que, además de los fideicomisos que cubren obligaciones de carácter laboral, existen otros que atienden necesidades específicas de operación, como es el caso del fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal.
“Los recursos de ese fideicomiso se utilizan para financiar, como su nombre indica, la implementación de obligaciones derivadas de reformas constitucionales y legales, como la reforma laboral, así como de la suscripción de tratados internacionales, como es el caso del T-MEC, específicamente en esa materia”, expuso.
Cancelarlos afectará sólo a los “lujos de los ministros”, dice AMLO
Ante la cancelación que alista la Cámara de Diputados de los fideicomisos del Poder Judicial por un monto de 15 mil millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la acción, pues siempre ha tenido un trato preferencial en el presupuesto cuando no ha beneficiado en “nada” al pueblo de México.
“El Poder Judicial ha tenido un trato preferencial, ha sido bien atendido para contar con el apoyo de jueces, de magistrados, de ministros. Todo esto tiene como antecedente la práctica del maiceo”, sostuvo.
“Siempre han tenido mucho presupuesto, incluso hasta ha habido denuncias de posibles actos de corrupción, porque ellos dan los contratos, los ministros, sin licitación, asignan contratos de obra sin licitación, nada más que ya en eso no me quiero meter, ya es otro asunto”, insistió.
El mandatario destacó que la eliminación de fideicomisos “no afectará en nada a los trabajadores, pues no incluyen sus prestaciones, pero es necesario el recorte ante el uso de esos recursos para lujos de los ministros, como dar mantenimiento a sus casas o tienen muy buenas oficinas, no sólo los sueldos, oficinas en las avenidas más céntricas y lujosas”, como en San Ángel o Angelópolis.
“Es cortar el copete de privilegios. También hay que preguntarnos: ¿en qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México o a la mayoría de los mexicanos? En nada, al contrario, perjudica a la mayoría, es un poder al servicio de una minoría rapaz, al servicio de la oligarquía, no de la mayoría del pueblo”, remató.
Destacó que, durante el “periodo neoliberal”, ni jueces ni magistrados ni ministros “hicieron algo en favor del pueblo, pero sí en contra, como el impedir la consulta sobre la reforma energética o la privatización de las pensiones de los trabajadores y la de las guarderías”.
“Yo también soy damnificado del Poder Judicial, a mí me destituyeron cuando (Vicente) Fox era presidente, no querían que participara yo como candidato a la Presidencia, era jefe de Gobierno, y para que no pudiera inscribirme por antecedentes penales, me inventaron que había violado un amparo”, recordó.
Agregó que luego de que se le denunció ante la entonces Procuraduría General de la República, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron un desplegado respaldando la acción del Ejecutivo.