El presidente Andrés Manuel López Obrador, con la eliminación de los fideicomisos y el recorte presupuestal del Poder Judicial, así como el planteamiento de la elección de ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular, busca no sólo “venganza” por las decisiones de la Corte en contra su gobierno, sino “someter” al Poder Judicial, advirtió el constitucionalista Diego Valadés.
El investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en entrevista con el periodista René Delgado, para su programa EntreDichos de El Financiero Bloomberg, consideró que el Poder Ejecutivo, con la campaña en contra del Poder Judicial, busca influir en la opinión pública de cara al proceso electoral de 2024 para obtener la mayoría calificada tanto en la Cámara baja como el Senado.
Alertó que si Morena logra la mayoría calificada en ambas cámaras y consigue aprobar la reforma constitucional para elegir a ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular, México “va a entrar en un espiral decreciente en cuanto a su vida constitucional, que efectivamente nos va a llevar a la ingobernabilidad”.
Explicó que en ese escenario “se habrán perdido no solamente la idoneidad profesional, la independencia y la autonomía del Poder Judicial, sino se convertirá en un apéndice político para que se haga lo que se quiera por parte del poder”.
Y agregó: “Supongamos que eligieron a los ministros que políticamente les convenga, a partir de ese momento cualquier ley, así dijera lo que dijera en contra de la Constitución, podría ser declarada constitucional por esa Corte, en ese momento México deja de ser un Estado constitucional”.
Acotó que para la recomposición de la integración y tomar control de la Corte, no se necesita una reforma constitucional, ya que Morena sólo necesita tener una mayoría calificada, particularmente en el Senado.
“Más aún, de acuerdo con el mecanismo de nombramiento que actualmente existe, si la Cámara de Senadores recibiera una terna y no la procesa en 30 días, la presidenta o el presidente puede hacer una designación de esa terna ya con libertad; de manera que lo que se quiere es tener el control por lo menos de una cámara, ya que para lograr la neutralización de la justicia, que puede resultar incómoda, que es el Senado”, añadió.
El académico consideró además que es “ilegal” la eliminación de 13 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial por más de 15 mil millones de pesos, ya que no sólo afecta a alrededor de 50 mil trabajadores, sino, sobre todo, porque la Cámara de Diputados no es competente para decidir.—Redacción