El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación decidió extender su paro nacional de labores hasta el próximo domingo 29 de octubre tras la aprobación en el Senado de la eliminación de los fideicomisos de la institución.
De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales, un grupo importante de trabajadores exigió prolongar las expresiones de inconformidad en protesta por la extinción de los fideicomisos, así como por la posibilidad de una reducción al presupuesto del Poder Judicial en 2024 por parte del Legislativo.
El paro nacional inició el pasado 19 de octubre y tenía previsto concluir el martes 24. Sin embargo, el Comité Ejecutivo decidió extenderlo cinco días más en todas las secciones sindicales.
El sindicato indicó en el comunicado que no habrá represalias para las y los trabajadores que decidan retomar sus actividades y trabajará para garantizar el pago regular tanto de salario como de prestaciones a quienes decidan participar.
La madrugada de este miércoles, el pleno del Senado aprobó, con 67 votos a favor, 48 en contra y cero abstenciones, la reforma mediante la cual se extinguen 13 fideicomisos del Poder Judicial, que ascienden a más de 15 mil millones de pesos, y que afectará a alrededor de 55 mil trabajadores.
El dictamen, también aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 17 de octubre, ahora será enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras empleados del Poder Judicial se manifestaron a las afueras de la Cámara alta durante la jornada, Morena y sus aliados dispensaron todos los trámites legislativos a la minuta, que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La votación se dio con la ausencia de 12 senadores, entre ellas la de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, Carlos Aceves del Olmo y Eruviel Ávila.
Senadores de oposición repudiaron la “vendetta” del Poder Ejecutivo y de Morena contra el Poder Judicial, por lo que anticiparon que presentarán una acción de inconstitucionalidad, no solo porque viola la Carta Magna, sino, además, porque no se respetó el debido proceso legislativo ante la “chicanada” del oficialismo en la aprobación del dictamen en comisiones.
Morenistas y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador han propuesto que los más de 15 mil millones de pesos que se recuperen con la nueva medida sean empleados para otorgar pensiones a personas con alguna discapacidad.