Elizabeth Trejo Galán, jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó ayer una suspensión que impide al gobierno federal disponer de los 15 mil 800 millones de pesos de los extintos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y usarlos para la reconstrucción de Acapulco.
Asimismo, ordenó a los responsables de los fideicomisos frenar todo contacto con las autoridades y evitar devolver los recursos depositados a Tesorería de la Federación.
Ello implicaría, también, suspender de inmediato la negociación que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, aceptó, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, para destinar el dinero de los fideicomisos a la reconstrucción de Acapulco.
Con ésta son ya dos las suspensiones contra el uso del dinero de los fideicomisos. La semana pasada, un juez de Chihuahua concedió la primera de ellas, pero sólo en relación con cuatro de los 13 fideicomisos que fueron extintos.
Froylán Muñoz, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF (Jufed), dijo que la suspensión que concedió ayer la jueza también abarca los fideicomisos de la Corte.
“La suspensión provisional tiene efectos generales, trasciende a todo el personal del Poder Judicial, se vincula con todos los fideicomisos, los de la Suprema Corte, los del Consejo de la Judicatura Federal, y también beneficia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, dijo.
Agregó que esta decisión es significativa y, de concederse la suspensión definitiva, lo cual podría ocurrir el 14 de noviembre, el gobierno estaría impedido para disponer del dinero de los fideicomisos hasta que se emita la sentencia de amparo.
Asimismo, indicó que se trata de una decisión encaminada a que sea una sentencia constitucional, y no un acuerdo de mayorías ni de planteamiento político, la que defina el destino correcto de los fideicomisos.
En su resolución, radicada en el expediente 1754/2023, la jueza Trejo Galán consideró que disponer de dichos recursos podría generar un daño de difícil reparación; además, explicó que la suspensión concedida no afecta el interés público.
Añadió que el gobierno federal en su decreto no especifica para qué utilizará los recursos de los fideicomisos o cómo se utilizarán para atender las múltiples necesidades de la población.
La juzgadora dijo que las cosas se deben mantener en el estado que guardan; es decir, suspender todas las consecuencias del decreto impugnado.
Justificó su decisión, al señalar que, de no otorgar la suspensión, “se corre el riesgo de afectar derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación… y existe riesgo de que se vea mermada la función jurisdiccional, lo que sí implicaría una enorme afectación a la sociedad”.
El gobierno aún puede impugnar la decisión y sería un tribunal el que determine si se ratifica la suspensión o la revoca.
El amparo fue promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, quienes denunciaron ante la jueza que está en riesgo el fideicomiso que les garantiza sus pensiones complementarias.
En su amparo pusieron como acto reclamado el decreto del 27 de octubre pasado, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial.