Los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado, que preside la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, aprobaron la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El dictamen, que fue aprobado con 12 votos a favor del oficialismo y siete en contra de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, pasó al pleno de la Cámara alta, donde será votado en la sesión de este miércoles.
El senador del Grupo Plural Germán Martínez propuso llamar a comparecer al todavía ministro Zaldívar para que explique las razones de su dimisión, lo cual, sin embargo, fue votado en contra y rechazado por los legisladores de Morena.
“El ministro dimitente, como la famosa fuente de Bélgica Manneken Pis, miccionó sobre toda nuestra historia constitucional con su renuncia”, sentenció el legislador.
En la discusión, senadores de oposición criticaron que no existe “una causa grave”, como lo establece el artículo 98 de la Constitución, para que Zaldívar deje el cargo un año antes de concluir su gestión.
Incluso hubo entre los propios legisladores oficialistas, como es el caso del senador Rafael Espino de la Peña, quienes argumentaron que la renuncia del ministro Zaldívar es inconstitucional.
“Esta renuncia no está motivada por ninguna causa grave. (...) Esta renuncia establece un mal precedente, trivializa las causas de separación de un ministro de la Corte, y contraviene la intención y el espíritu de nuestra Carta Magna”, señaló el morenista Espino de la Peña.
La priista Claudia Anaya repudió que se permita que el presidente Andrés Manuel López Obrador designe en total a cinco ministros cuando sólo le correspondían tres, ya que se genera “una distorsión” en la composición del pleno de la Corte.
“Precisamente por esos nombramientos escalonados para garantizar la independencia del Poder (Judicial) es que a este Presidente únicamente le tocaba nombrar a tres ministros, y vamos a permitir que nombre al quinto”, lamentó.
En tanto, Sánchez Cordero argumentó que no se puede obligar a un individuo para que permanezca en un cargo público, aun en contra de su voluntad, ya que, al hacerlo, se generaría un ambiente en el que se afectarían seriamente los principios que rigen al servicio público, especialmente en su ámbito jurisdiccional.